Los afectados serán aquellos que recibieron una visa H-4 cuyos esposos tienen aprobada la solicitud o petición de residencia legal permanente (LPR) y están en espera de la green card, un trámite que en algunos casos demora más de un año.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advierte que la decisión del fiscal general “podría afectar a las víctimas de delitos, personas que califican para la residencia permanente debido a su matrimonio con un ciudadano estadounidense”.

Si el estudiante cambia de empleador, deberá avisar al gobierno en un plazo de 5 días. Y si cambia de dirección, deberá notificarlo dentro de los 10 primeros días laborales tras la mudanza.

Los jueces quitaron un obstáculo para que estos menores puedan permanecer legalmente en Estados Unidos. Quienes soliciten la protección de un programa que a través de las cortes estatales les obtiene la residencia, ya no tendrán que cumplir con el requisito de que sus padres participen en el proceso.

Este fallo de un juez estatal tiene implicaciones para los menores inmigrantes que lleguen al país huyendo de la violencia y puedan alcanzar una visa.

La oficina indicó que se trata del ajuste que hace a los costos cada dos años, mientras que los activistas en asuntos migratorios dicen que es "desafortunada" la revisión de las tarifas, sobre todo cuando aumentaron las demoras en los procesos y atascos en las cortes de inmigración.