California aprueba una ley pionera que obligaría a empresas ganadoras de más de mil millones de dólares al año a revelar sus emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero. A pesar de apoyos de gigantes como Patagonia y Apple, la medida enfrenta críticas y preocupaciones sobre su factibilidad, mientras el estado continúa liderando en políticas climáticas.

Un grupo de organizaciones sin fines de lucro renovó el apoyo a la iniciativa de ley SB567, con la cual se busca evitar que las familias de bajos ingresos en el estado sean desalojadas y frenar los aumentos desmesurados en el alquiler.

Muchos trabajadores en el país esperan con ilusión cumplir con la edad requerida para su retiro, sin embargo, hay quienes que, pese a haber trabajado durante años, no sueñan con esa posibilidad por el hecho de ser indocumentados. Ante esta situación, se está impulsando en California la propuesta de ley estatal AB 1536, que tiene como objetivo dar acceso a un pago de retiro para personas sin documentos que actualmente no son elegibles. El asambleísta Miguel Santiago habla al respecto.

Entre el 2022 y lo que va corrido de este año la policía ha arrestado a más de 1,700 conductores por el uso de placas falsas, que suelen ser usadas por delincuentes para cometer crímenes. Es por eso que el concejal Oswald Feliz está presentando un proyecto para multar con $500 a quienes las adquieran, entre otras cosas. "Uno ve personas vendiendo estas placas como si fuera legal. Son miles y miles", dijo Feliz.

Desde las oficinas de la policía de Totowa, en Nueva Jersey, el senador Bob Menéndez habló sobre un proyecto de ley con el que se busca combatir la crisis del fentanilo. La propuesta consiste en imponer sanciones a quienes facilitan el tráfico de esta droga, entre otras cosas. "Son de suma importancia nuestros esfuerzos para ayudar a las fuerzas policiales a combatir esta tragedia con el fentanilo", dijo Menéndez.

Se trata de un proyecto de ley que busca otorgar un camino a la residencia permanente para más de 400,000 venezolanos que ingresaron a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021. Mildred Rodríguez, directora ejecutiva de la organización My Voice Counts, asegura que esta iniciativa cuenta con apoyo bipartidista en Washington DC.