Aquellos que lograron el perdón gubernamental, es porque se les reconoce lo realizado en función de su propia rehabilitación y desarrollo personal. Es una manera de facilitar su reinserción social, y en algunos casos, evita la deportación.

Aún no se conoce una decisión sobre el polémico plan del alcalde Bill de Blasio, que incluye la clausura de la prisión y la construcción de cuatro cárceles ubicadas en El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens. Algunos líderes políticos y miembros de la comunidad aseguran que el dinero destinado para este proyecto podría invertirse en la prevención de crímenes y la edificación de viviendas.

Activistas a favor y en contra del proyecto, que busca cerrar la prisión de Rikers Island y construir otras más pequeñas en diferentes condados, llegaron a la alcaldía de la ciudad para conocer la votación del comité de uso de suelos. El reverendo Rubén Díaz, concejal del Distrito 18 de El Bronx, rechazó que se dispongan 11 millones de dólares para edificar centros penitenciarios y aseguró que quienes voten a favor de este plan “están votando contra la comunidad”.

De Blasio aseguró que su plan para poner fin a la encarcelación masiva busca reducir el número de presos de 20,000 a 3,200 en la ciudad.

El proyecto fue presentado este martes por Bill de Blasio y busca que las personas que obtengan su libertad tengan un trabajo estable para su nueva vida, además de apoyo educativo y emocional. La iniciativa contará con una inversión de 19 millones de dólares anuales.

La propuesta AB 32 prohíbe que se renueven contratos con este tipo de compañías penitenciaras de California incluyendo los centros de detención de migrantes. El abogado en derecho migratorio Víctor Nieblas asegura que muchos de los reclusos podrían ser trasladados a otros estados, lo que dificultaría su proceso.