Tras una ardua batalla, el mandatario estatal aprobó el proyecto de ley AB32 que cerrará los centros de detención privados como el de Bakersfield, San Diego, Adelanto y Calexico. Según activistas, la detención de migrantes se ha convertido en un negocio lucrativo para estos lugares y esperan que la medida ayude a otros estados a adoptar propuestas similares.