La organización comunicó que la medida servirá para frenar la entrada de delincuentes o terroristas, mientras la Unión de Libertades Civiles dijo que sin duda tendrá un efecto escalofriante en la libertad de expresión que se manifiesta cada día en redes sociales. Esta política es la actualización de una ley aprobada en 1974.

Marissa Mónica Cano presuntamente agredía a una niña, de 8 años, y a sus hermanos, de 15 y 17, y los habría mantenido encerrados en una vivienda para no levantar sospechas. Uno de los adolescentes logró escapar y llamar a la línea de emergencia desde un restaurante. La mujer tiene dos hijos, quienes no mostraron señales de violencia.

El gobernador, Alfredo del Mazo, se reunió con el gabinete de seguridad federal encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, para buscar soluciones contra la criminalidad generada por la nueva organización y que afecta principalmente siete municipios.

El Buró Federal de Investigaciones informó que la mayoría de llamadas se estarían realizando desde cárceles de México y que en algunos casos los extorsionistas se hacen pasar por las supuestas víctimas. Madres y padres son obligados a permanecer en la línea y han pagado hasta 5,000 dólares.

La posible medida del Departamento de Justicia tendría como fin llevar a cabo más deportaciones. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración comunicó que esta decisión sería la muerte de la independencia judicial.

Alegría de la Cruz, funcionaria del Condado de Sonoma, manifiesta que los servicios se prestan sin importar el estatus migratorio de los damnificados. El afectado Enrique Chaídez dice que en el resguardo donde está no ha firmado papeles ni se han presentado agentes de migración.