El magistrado echó para atrás la pretensión de negarle al estado 29 millones de dólares en financiación federal, dinero que será destinado a la lucha contra el crimen en ciudades santuario como San Francisco y Los Ángeles. Esta es la segunda vez en dos años que un juez federal ordena a la administración Trump entregar a California el dinero destinado a la seguridad pública.

Decenas de manifestantes se congregaron a las afueras del centro ubicado en Homestead, Florida, el más grande del país. Denunciaron que ese lugar está destinado para tener a los menores durante un periodo corto, pero algunos de ellos llevan hasta 10 meses allí. En el sitio se encuentran adolescentes entre 13 y 17 años de edad que fueron separados de sus padres o tutores al entrar al país.

La actriz Yessica Rosales y la empresa Televisa enfrentan cuestionamientos por supuesto racismo al hacer una caracterización de la actriz indígena en el programa de comedia 'La Parodia'. El productor del show, Reynaldo López, rechazó los señalamientos y se defendió en redes sociales asegurando que "solo se parodia a los grandes y no a los desconocidos".

Claudio Rojas colaboró en 2012 con un grupo de dreamers que se infiltró en un centro de detención en Florida para revelar, a través de una película, casos de personas que se encontraban allí y deberían estar libres. La familia del hispano, de origen argentino, denuncia que el pasado viernes asistió a una cita de control rutinario con la Oficina de Inmigración y Aduanas y fue detenido, por lo que creen que existe la posibilidad de que sufra una deportación.

Más de medio centenar de legisladores han firmado dos cartas urgiendo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, restablecer los permisos de 'Advance Parole' para razones humanitarias, trabajo o educación. Estas autorizaciones fueron canceladas con la anulación del programa DACA ordenada por el presidente Trump y pese a que una corte federal impidió la terminación del programa el bloqueo a los viajes continúa.

La regulación, además de limitar a las mujeres al cuidado de salud y métodos anticonceptivos, prohíbe que los médicos den información sobre la interrupción voluntaria del embarazo o aconsejen a las pacientes sobre dónde acudir. Según expertos, estas restricciones provocarían que las interesadas busquen lugares clandestinos para realizar el procedimiento y pongan en riesgo sus vidas.