Cada día aumenta la cantidad de migrantes de Haití y algunos países de Suramérica que se enfrentan a muchos riesgos para poder llegar a Estados Unidos, asegurando que no tienen cómo suplir las necesidades básicas en sus lugares de origen. El recorrido incluye largas caminatas, con niños en brazos, lo que para ellos significa un esfuerzo necesario para obtener oportunidades de vida.

El presidente Joe Biden, durante su visita a Chicago, continuó promoviendo su campaña de vacunación e instó a todos los empleadores del país a hacer de la inoculación contra el coronavirus un requisito obligatorio entre sus colaboradores. Por otro lado, ante la negativa de varios gobernadores de diversos estados, el mandatario pidió no desinformar ni politizar la emergencia sanitaria.

Según un estudio publicado en la revista médica Pediatrics, más de 120,000 niños en Estados Unidos perdieron a sus padres o cuidadores, como los abuelos, por el coronavirus. Señala que entre los menores huérfanos se cuenta un 32% de hispanos, 26% de afroestadounidenses y un 35% de blancos. Los efectos no son solo de desprotección, pues también se esperan secuelas emocionales por las pérdidas.

El economista Isaac Cohen explica que, de darse este escenario, “el gobierno tendría que dejar de pagar algunas cosas, por ejemplo, los salarios de los empleados federales y de los soldados, los cheques de los veteranos y del seguro social. Todo eso se ve en peligro porque el gobierno no tiene autoridad para gastar”. Sin embargo, a pesar de la negativa inicial, el líder republicano del senado, Mitch McConnell, ofreció a los demócratas una vía para evitar este panorama. Más información aquí.

Christopher Charles Pérez, de 40 años de edad, deberá ir a la cárcel luego de que un juez lo condenara por haber publicado en su pagina de Facebook, entre otras cosas, un mensaje en el que aseguraba que supuestamente le había pagado a una persona infectada con la enfermedad para que lamiera todos los productos de varias tiendas de comestibles en San Antonio, Texas. Más noticias aquí.

Un fallo de la corte de apelaciones del noveno circuito determinó que no se incluirán los centros de detención de inmigrantes en el cierre de cárceles privadas en el estado de California, afirmando que de ser así se impediría al gobierno federal ejercer sus políticas migratorias. El fiscal general del estado, Rob Bonta, indicó que apelará la decisión de la corte. Más noticias Aquí.