Un grupo de ocho fiscales estatales denuncia que el actual gobierno supuestamente está abusando de la iniciativa que ampara a menores provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras que califican para el estatus de refugiado o para libertad condicional humanitaria. Sin embargo, activistas proinmigrantes señalan que es una “crueldad” frenar un programa que ha sido tan efectivo para familias que buscan la reunificación. Más noticias aquí.