En enero, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de que el gobierno del presidente Donald Trump pueda implementar una nueva regla que vincula el uso de asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente.

La legislación, que fue aprobada recientemente por el gobernador Gavin Newsom, busca reclasificar a los contratistas independientes como empleados y garantizarles beneficios bajo cierto criterio. Decenas de personas en California se dieron cita este lunes para expresar su inconformismo, explicar por qué están insatisfechos con la ley y cómo, según ellos, los está afectando.

Joshua Whitfield se convirtió en cura católico en el 2012, a pesar de estar casado, gracias a una serie de reglas aprobadas por Juan Pablo II en 1980, y ahora ejerce como sacerdote en Dallas, Texas. Sin embargo, tiene unas restricciones especiales, como la prohibición de convertirse en obispo y de volver a casarse si su esposa muere.

Rocío Robollar vivió más de la mitad de su vida en Estados Unidos, ahora está ubicada en una pequeña casa en Tijuana y es madre de un marine y una joven que tiene tres pequeños. Ahora espera obtener un perdón del gobierno de EEUU y así poder regresar a su anhelado hogar.

El fallo de un juez federal determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no debe solicitar a la policía local que realice capturas con propósitos migratorios, ocasionando así que sospechosos arrestados, que podrían estar ilegalmente en el país, duren detenidos mucho más tiempo de lo legalmente permitido con el único fin de ser entrevistados por agentes migratorios.

Miguel Paredes, vocero de la iniciativa, explica que se necesita modificar con urgencia dicho sistema, pues asegura que en las prisiones de Los Ángeles hay más reclusos que en el resto del mundo. Paredes habla de problemas como la sobrepoblación, la falta de oportunidades y de recursos, además de las condiciones “horribles” en la que viven muchos convictos.