Un grupo de personas que ayudan a las personas que viven en la frontera son parte de una iglesia en el área de Austin. Este año, esa labor se ha complicado debido a la pandemia de coronavirus.

El presidente buscaba eliminar la legislación que prohíbe a las autoridades de ciudades santuario compartir información, usar recursos y colaborar con ICE en la detención y deportación de inmigrantes que no son considerados peligrosos. Sin embargo, este lunes la mayoría de los magistrados falló a favor de que se mantenga dicha ley. Joseph Villela, abogado de CHIRLA, explica la decisión.

Según abogados especialistas, la reciente modificación al reglamento federal limita las opciones de los solicitantes que huyen de sus países por persecuciones de pandillas o por violencia de cualquier índole. Sin embargo, de acuerdo con analistas legales, esta medida no entrará en vigor sino hasta después de 30 días, por lo que muchos no pierden la esperanza de recibir dicho beneficio antes de que se establezca de manera definitiva la nueva normativa. Más información aquí.

Ignacio González obtuvo su tarjeta de residencia el pasado 15 de abril, pero cuenta que pese a sus múltiples intentos no ha logrado solicitar su número de Seguro Social para poder trabajar legalmente en el país debido a que las oficinas continúan cerradas por el coronavirus y además, le dicen que su caso no es una emergencia.

Herminia Bernabé Nicolás, una mexicana de 74 años, falleció el 12 de junio en Sanford, Carolina del Norte. Sus familiares, al igual que miles alrededor del estado, vivieron múltiples obstáculos para darle el último adiós debido a la pandemia. Adriana Villareal Buenfil, cónsul de Protección en el Consulado de México en Raleigh, explica los pasos que los familiares deben seguir para repatriar el cuerpo de un ser querido. Para más información, llame al 9196153673.

Siete de los nueve magistrados de la Corte Suprema rechazaron escuchar la demanda del gobierno Trump, dejando que continúe intacta la ley santuario en California. Desde su entrada en vigor en 2018, la legislación prohíbe la colaboración de la policía del estado en la detención y deportación de inmigrantes que no sean peligrosos. "Es una victoria de los derechos humanos y civiles de los indocumentados", dijo Kevin de León, presidente emérito del Senado de California y ponente de la ley. Más información aquí.