Según el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, estos inconvenientes son un segundo muro para los inmigrantes. Desde enero de 2016 la acumulación de solicitudes de ciudadanía en la ciudad ha aumentado en más del 93%. Emanuel es uno de los cerca de 50 alcaldes y ejecutivos de EEUU que ya entregaron una carta al director, Lee Francis Cissna, exigiendo que la agencia reduzca el atraso de más de 753,000 solicitudes de ciudadanía y también reduzca el tiempo que actualmente requiere procesarlas.

La agencia anunció que, tras reportes de abuso a menores inmigrantes en sus centros, decidió realizar su propia investigación. "Nuestra investigación no ha encontrado evidencia alguna que apoye estas acusaciones", precisó a través de una conferencia telefónica. También aseguró que, tras entrevistar a doctores, enfermeras y revisar cámaras en los salones de los niños, tampoco encontró evidencia de que se les pongan inyecciones a los infantes para controlar su comportamiento.

Estas mujeres sienten que la política de 'tolerancia cero' de la administración Trump afecta psicológicamente a las familias y sobre todo a los menores de edad. Por ello, iniciaron esta marcha de 2,000 millas en forma de protesta.

La jueza federal Dolly Gee dispuso el traslado de unos 25 menores inmigrantes que están en el Centro de Tratamiento Residencial de Shiloh en Manvel, Texas, tras recibir denuncias de abuso y uso de medicamentos de salud mental sin la debida supervisión médica. En un comunicado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dijo que no comenta asuntos relacionados con litigios en curso.

El legislador demócrata Dick Durbin exigió la renuncia de Kirstjen Nielsen durante una audiencia en el Senado a la que también asistieron funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otros departamentos. Mujeres con sus hijos en brazos protestaron en medio de la reunión por la política de la administración de Donald Trump.

El hecho fue dictaminado por una juez, quien también aseguró que algunos menores eran mantenidos en confinamiento excesivamente restrictivo, además de que les prohibían hacer llamadas telefónicas privadas. Determinó que el Gobierno Federal debe obtener una autorización o una orden judicial para administrar a los niños este tipo de medicamentos, de conformidad a la ley estatal, a menos que sea un caso de emergencia.