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Familias borradas

“Estados Unidos tiene derecho a proteger sus fronteras, pero ese derecho se debe ejercer con medidas moralmente justificables que no agraven en forma innecesaria el sufrimiento de personas que huyen de la miseria, la persecución y la violencia en sus países de origen”.
Opinión
Miembro de la unidad política de Univision Noticias.
2018-07-31T11:30:29-04:00
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Protesta organizada por activistas de Derechos Humanos que apoyan la inmigración. Crédito: Scott Olson/Getty Images

Cuando el gobierno del presidente Trump recibió la orden de un juez de California de reunificar a las familias inmigrantes a las que había separado en la frontera con México se topó con un serio problema. En sus bancos de datos figuraban las categorías “unidades familiares” y “menores no acompañados”. Pero en ellas no encajaban más de 2,600 niños que les había arrebatado a sus padres semanas y meses antes. Al parecer, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los había incluido, sin mayores detalles, en una nueva categoría orwelliana, la de “familias borradas”.

Esa etiqueta refleja la cruel cosificación de centenares de familias inmigrantes a las que nuestro gobierno no tenía la intención de contar en las filas de los seres humanos. También refleja su incapacidad evidente de reunificar a muchas de ellas, razón por la cual se ha inventado una segunda categoría digna del escritor británico George Orwell –gran profeta de lo absurdo en nuestro tiempo– la categoría de “inelegibles”. Alude a centenares de niños inmigrantes a los que no planea reunificar con sus padres aparentemente porque a estos ya los deportó, no han demostrado su paternidad o tienen antecedentes penales o de padecimientos psicológicos.

El gobierno ha recurrido al absurdo burocrático para tratar de enmendar y justificar las consecuencias crueles de su política de cero tolerancia hacia los inmigrantes indocumentados. Pero no se le debería permitir que se ampare en esa necedad para esquivar su responsabilidad de reunificar hasta la última familia a la que separó de manera irresponsable. Esto, desde luego, requerirá mayor esfuerzo y tendrá un costo adicional para los contribuyentes. Pero nada de eso se compara con el daño irreparable que sufrirían centenares de familias si permanecen divididas y sin una esperanza concreta de reunirse otra vez.

Como tantos otros excesos que comete este gobierno, la separación de familias fue el resultado de un ataque de furia del presidente Trump. Sus asesores extremistas, como Steve Bannon –quien por fortuna ya no forma parte de su gobierno– Stephen Miller y John Kelly le recomendaron desde el comienzo de su mandato que separara a los padres indocumentados de sus hijos para desalentar la inmigración ilegal. Pero Trump solo adoptó la política este año después de que le informaron que se había registrado un aumento en el número de arrestos de inmigrantes que cruzaban la frontera. Esa es una señal que usa el gobierno para decretar que se han incrementado los cruces fronterizos. “Esto no puede ocurrir bajo mi mando”, declaró Trump enfurecido. Luego, durante una reunión de su gabinete, increpó a Kirstjen Nielsen, la secretaria de seguridad nacional, quien incluso redactó su carta de renuncia según informo The New York Times en mayo. Pero al final Nielsen optó por ejecutar la abominable política de separación y conservar su puesto.

Otros funcionarios más dignos renunciaron porque no quisieron ser cómplices de la ejecución de una política inhumana. Por lo menos cuatro eran miembros del Consejo Asesor del Departamento de Seguridad Nacional que dirige Nielsen. Uno de los renunciantes, David Martin, le contó a The Washington Post que el gobierno no pudo darle respuestas claras cuando preguntó cómo iba a reunificar a las familias separadas. Otra asesora del DHS, Elizabeth Hoffman, también abandonó su cargo y calificó de “depravación total” la incapacidad del gobierno de crear expedientes que permitan a padres e hijos reencontrarse. “Esto es secuestro de niños, simple y llanamente”, expresó Hoffman en su carta de renuncia.

Irónicamente, la indignación y el rechazo general que ha provocado la política de separación de familias ha obligado al gobierno a restablecer el statu quo ante que detesta Trump. Una vez más las autoridades federales están deteniendo a los padres que cruzan con sus hijos por la frontera y los están liberando, luego de crearles un expediente para luego estudiar sus casos e iniciarles procesos de deportación si no califican para algún tipo de amparo en Estados unidos. Eso es lo aconsejable, lo prudente y lo justo. Y es lo que antes hicieron varios gobiernos, republicanos y demócratas, que precedieron al de Trump.

Estados Unidos, desde luego, tiene derecho a proteger sus fronteras y trazar un programa ordenado y racional de inmigración. Todas las naciones lo tienen. Pero ese derecho se debe ejercer con medidas moralmente justificables que no agraven en forma innecesaria el sufrimiento de personas desesperadas que huyen de la miseria, la persecución y la violencia en sus países de origen y que apelan a nuestra solidaridad y compasión.

Este elemental principio es particularmente relevante en un país como el nuestro que se fundó y prosperó de la mano de millones de inmigrantes que vinimos por motivos similares y en condiciones parecidas a las que hoy nos traen a los nuevos aspirantes a realizar el sueño americano. Lo advirtió el presidente Franklin D. Roosevelt durante uno de los periódicos ciclos de xenofobia que padece el país, entonces motivado por la Gran Depresión. “Recordemos siempre que todos nosotros, usted y yo especialmente”, dijo Roosevelt, “descendemos de inmigrantes”. Cómo olvidarlo.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

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