Jueza ordena al gobierno dejar de dar medicamentos siquiátricos sin permiso a niños migrantes
Una jueza federal ordenó el lunes al gobierno de Donald Trump transferir a todos los menores inmigrantes indocumentados fuera de un centro de detención en Texas debido que recibieron medicación siquiátrica sin el consentimeinto de sus padres.
La jueza de distrito de Los Ángeles, Dolly Gee, dictaminó que las condiciones en el Centro de Tratamiento Residencial de Shiloh en Manvel, Texas, violan un acuerdo judicial de 1997 que reglamenta cómo el gobierno debe cuidar a los menores que entraron al país ilegalmente por su cuenta o que fueron separados de sus padres.
De este modo, Gee subrayó que el gobierno federal debe obtener una autorización o una orden judicial para administrar a los menores medicamentos psicotrópicos de conformidad con la ley estatal, a menos que sea un caso de emergencia.
Además, Gee dictaminó que los empleados de la institución, contratada y supervisada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) mantenían a algunos menores en confinamiento excesivamente restrictivo y prohibían a los menores hacer llamadas telefónicas privadas.
El personal de Shiloh había admitido haber firmado los formularios de consentimiento antes de drogar sistemáticamente a los niños, anotó Gee en su fallo.
Los operadores deben "cumplir con todas las leyes y regulaciones de bienestar infantil de Texas", incluyendo el requisito de que un tutor legal debe aprobar cualquier droga psicotrópica administrada al niño. La instalación debe permitir llamadas telefónicas privadas y permitir que los menores tengan más tiempo libre.
La jueza ordena a los funcionarios del HHS transferir a todos los menores fuera de Shiloh, a menos que un psiquiatra o psicólogo autorizado examine a cada uno de ellos y determine que representan un riesgo para sí mismos o para otros.
Agregó que las autoridades deben decirles a los niños por escrito la razón por la que están en una instalación vigilada, y aseveró que la vinculación con una pandilla por sí sola no justifica dicha reclusión.
Gee dictaminó que los operadores de las instalaciones a menudo se pasaban de la raya en su detención y castigo de los menores, en un caso negando repetidamente el agua a un niño y luego abusando de él cuando "insistía en dejar su habitación para ese propósito".
La demanda específica el caso de Lucas, un menor de 12 años que en febrero pasado fue puesto bajo custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y al que se le había suministrado Zoloft, utilizado para tratar desordenes emocionales y con varios efectos secundarios.
La jueza no cerró la instalación, pero ordenó una serie de cambios para mejorar las condiciones de vida de los niños. El acuerdo que rige las condiciones de detención es supervisado por la corte federal de Los Ángeles.
El HHS dice que Shiloh, y otras instalaciones similares, son instalaciones "seguras" que se necesitan para detener a menores con problemas de salud mental o que presentan otros riesgos de seguridad.
El Departamento de Justicia declinó comentar sobre el fallo de Gee.
“Los niños no estaban siendo informados sobre por qué eran enviados a otra parte”, dijo Holly Cooper, codirectora de la Clínica Legal de Inmigración en la Universidad de California en Davis y una de las abogadas que representa a menores migrantes detenidos. Sobre el fallo, la abogada indicó que “lo vemos como una victoria”.
Cooper aseguró que en los próximos días presentarán otra demanda en la que pedirán plazos más cortos y estrictos para que se adjudiquen audiencias y se reunifique a las familias.
El gobierno del presidente Donald Trump ha endurecido sus políticas dirigidas a los niños y familias migrantes que son detenidos tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Los defensores de los derechos de los inmigrantes han impugnado varias acciones del gobierno federal, incluida la separación de los niños migrantes de sus familias.
Los niños inmigrantes que cruzan la frontera sin compañía de un adulto y son detenidos, quedan bajo custodia en instalaciones contratadas por el gobierno hasta que puedan ser liberados y entregados a patrocinadores autorizados en Estados Unidos o regresados a sus países de origen. La mayoría de los menores son puestos en albergues no vigilados por guardias, pero en algunos casos se utilizan instalaciones más seguras.
