El hecho fue dictaminado por una juez, quien también aseguró que algunos menores eran mantenidos en confinamiento excesivamente restrictivo, además de que les prohibían hacer llamadas telefónicas privadas. Determinó que el Gobierno Federal debe obtener una autorización o una orden judicial para administrar a los niños este tipo de medicamentos, de conformidad a la ley estatal, a menos que sea un caso de emergencia.