Juristas guatemaltecos advierten que el convenio firmado por los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos no ha sido ratificado por el Congreso del país centroamericano y además podría afectar los derechos de las personas que deseen acogerse al estatus de refugiados.

Los abogados de la guatemalteca Yazmín Juárez introdujeron la queja ante la Corte del Distrito Oeste de Texas, con jurisdicción sobre el centro de detención donde ella permaneció recluida junto a su hija de 21 meses, Mariee, quien enfermó estando bajo custodia de las autoridades migratorias.

Una mujer dijo que los oficiales llegaron buscando a su esposo temprano por la mañana y entraron a la fuerza al apartamento. Otro indocumentado que compartía habitación con la familia también terminó apresado luego de que rompieran la puerta de su cuarto. Ninguno tenía orden de deportación, según la testigo.

Algunos activistas atribuyen este respaldo a la manera negativa en que Donald Trump se refiere a los inmigrantes indocumentados, mientras otros dudan de que los sondeos reflejen la verdadera opinión que se tiene frente al tema.

Más de un año después de que la justicia ordenara detener esta práctica y reunificar a los menores, registros presentados en una corte federal de San Diego indican que cientos de ellos fueron apartados de sus familias en la frontera. Activistas denuncian que la administración usa cualquier ofensa de los padres para quitarles a sus niños.

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que el nuevo plan afectará severamente el derecho de los inmigrantes a pelear legalmente su permanencia en EEUU "al dañar el debido proceso".