Una nueva medida de la administración Trump, que entrará en vigor el próximo 26 de agosto, hará que estos casos no se tengan en cuenta en un tribunal, sino que los tramite el director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Por su parte, activistas aseguran que esto viola los derechos garantizados en la Constitución y que se espera que organizaciones proimigrantes entablen una demanda contra la iniciativa.