Antes los historiales en redes sociales, correo electrónico y teléfono sólo se pedían a solicitantes que habían viajado a zonas controladas por organizaciones terroristas, ahora casi todo aquel que solicite una visa de entrada a Estados Unidos deberá proporcionar esta información. Se prevé que el cambio, propuesto en marzo de 2018, afecte a cerca de 15 millones de extranjeros.

El fiscal general de Arizona rechazó la compensación porque considera que el dinero no beneficia directamente a las víctimas. El proceso se remonta al año 2017, cuando empleados del establecimiento entregaban a la agencia una lista de sus huéspedes y luego oficiales de inmigración llegaban a preguntar por papeles. Cientos de personas fueron detenidas y deportadas en estos operativos.

En lo que va de esta semana, la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 4,000 indocumentados solicitantes de asilo. Por el aumento significativo de trabajo, agencias federales como ICE están contratando nuevos empleados y buscan unir a unos 2,000 agentes a sus fuerzas.

Por los últimos 15 años, el Departamento de Alguacil de Los Ángeles recibió más de 30 millones de dólares por parte de la agencia federal I.C.E. a cambio del acceso a la base de datos de detenidos para detectar reos indocumentados para después deportarlos. Hoy el alguacil de Los Ángeles, Alex Villanueva, le pone fin a este programa.

Por los últimos 15 años, el departamento del alguacil de ese condado recibió más de 30 millones de dólares por parte de la agencia a cambio de acceso a esta información. El sheriff Alex Villanueva dijo que tomó la decisión por razones éticas y morales, y aseguró que la oficina no participará en ningún programa del gobierno federal.

Líderes comunitarios, pastores y concejales se dieron cita este martes en Hyde Park para mostrar su respaldo a Paula, una beneficiaria de DACA e hija de la pastora Betty Rendón, quien fue deportada a Colombia junto a su esposo Carlos Hincapié pese a los esfuerzos de varios activistas para detener su salida del país.