ICE anuncia la revisión de casos de deportaciones inminentes para ajustarse a las prioridades de Biden

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo este viernes que revisará los casos de deportaciones para ajustarlos a las nuevas prioridades estipuladas por el gobierno de Joe Biden.

“Las operaciones de ejecución y deportación (ERO) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) anuncia el proceso de revisión de expedientes (ICR) para las personas que creen que su caso no se alinea con las prioridades de ejecución, detención y deportación”, dijo la agencia en un comunicado.

El anuncio añade que el nuevo proceso se desarrolla acorde con “los esfuerzos para promover el desarrollo de un sistema de inmigración ordenado que trate a las personas de manera humana al tiempo que garantiza la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública”.

Durante el gobierno de Trump (enero del 2017 a enero del 2021) ICE dirigió las operaciones bajo un severo listado de prioridades de deportación que iba desde extranjeros que cometieron delitos graves hasta por presencia indocumentada en el país, que hasta Obama constituía una falta de carácter civil no criminal.

Cómo lo harán

La agencia dijo que el nuevo proceso ICR ofrece un nuevo canal a través del cual los no ciudadanos (término que el gobierno utiliza para referirse a los extranjeros que no tienen presencia legal en el país o indocumentados) y sus representantes (abogados) “pueden solicitar que ICE ejerza su discreción procesal en nombre de un no ciudadano en particular y también para resolver preguntas e inquietudes de conformidad con la ley, la política y los intereses de la justicia”.

“ICE está dedicada a proporcionar múltiples líneas de comunicación para los no ciudadanos o sus representantes para discutir casos individuales", dijo Tae D. Johnson, director interino d de la agencia. “El proceso de revisión de casos proporciona una vía para que los no ciudadanos y sus representantes soliciten una revisión adicional de los hechos y circunstancias individuales de su caso a la luz de las prioridades de ICE para la ejecución, detención y deportación, ofreciendo transparencia adicional en el proceso de inmigración", apuntó.

La agencia dijo además que “las personas que soliciten una revisión de un caso de detención deben comunicarse con su oficina local de ERO para una consideración inicial. Previa solicitud, los casos serán revisados más a fondo por un funcionario de revisión superior quien, cuando corresponda, comunicará la resolución final al solicitante”.

“Se priorizarán los casos de personas detenidas bajo custodia de ICE o en espera de deportación inminente”, precisó.

Por qué no todos

El anuncio fue recibido con cautela tanto por activistas que defienden los derechos de los inmigrantes como por abogados que los representan.

“Es un buen principio, pero no van a revisar todos los casos, sino solamente aquellos que pidan los afectados y sus abogados”, dijo Matt Adams, Matt Adams, director legal del Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste -NWIRP-) con sede en Seattle (Washington).

“Estoy preocupado que aquellos casos que no serán revisados porque los inmigrantes carecen de oportunidad o recursos para tener un abogado que los represente”, agregó.

Adams dijo además que “ellos (el gobierno) tienen que aclarar que en verdad van a revisar los casos, pero todos los expedientes y no solo de aquellos que se pidan por intermedio de un abogado”.

Para Jaime Barrón, un abogado que ejerce en Dallas (Texas), el anuncio “se me hace algo bueno porque ICE retirará de la lista de deportables aquellos expedientes donde la falta cometida no se trata de una prioridad”.

“Eso dará margen para que el inmigrante pueda permanecer de manera temporal en el país por medio de una deportación diferida. Pero es muy importante que el no ciudadano no se ponga en contacto con ICE, porque si lo hace sin un abogado y tiene una orden de deportación, lo van a agarrar y expulsar del país”.

Prioridades de deportación

El pasado 20 de enero Biden firmó la orden ejecutiva que revierte un decreto emitido por el expresidente Donald Trump el 25 de enero del 2017 que, entre otras disposiciones, criminalizó la presencia indocumentada, hasta ese momento una falta de carácter civil.

La medida también prohibía las denominadas jurisdicciones santuario y establecía nuevas y severas prioridades de deportación, colocando a los 11 millones de indocumentados que viven en el país en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Trump, por su parte, el 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, decretó las siguientes prioridades en el
marco de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.