¿Está realmente preparado el sistema judicial de Estados Unidos para tratar un caso como el que se lleva actualmente en contra del expresidente Donald Trump? Al respecto, el abogado Rafael Peñalver asegura que "la constitución ni siquiera hace referencia a algo parecido", por lo cual no sabe cómo va a terminar este proceso. Este martes, a las 3:00 pm, se le imputarán 37 cargos federales al exmandatario por la supuesta manipulación de documentos clasificados de la Casa Blanca que, al parecer, trasladó hasta su casa en Mar-a-Lago, Florida, al terminar su gobierno.

Las autoridades lograron desarticular a una organización criminal que durante varios años robó y vendió por miles de dólares información de puertorriqueños para que indocumentados se hicieran pasar por ellos. Uno de los últimos implicados en este caso se declaró culpable hace unos días.

Un funcionario del gobierno del presidente Joe Biden dijo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está al tanto desde hace tiempo del espionaje que China realiza desde Cuba. El congresista Mario Díaz-Balart criticó a la actual administración y dijo que Biden "debería estar presionando al régimen cubano y al régimen comunista de China". Por su parte, el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossio, calificó los informes como "información infundada".

En 2022 se registraron pérdidas de 330 millones de dólares por estafas que se iniciaron con mensajes de texto. En 2019 hubo 1,355 quejas por falsas advertencias de fraude enviadas por “bancos”. El año pasado esa cifra se disparó a 25,725 denuncias, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).

El material secreto que Trump se llevó a su residencia privada en Florida contenía información sobre las capacidades de defensa y armas de EEUU y otros países, programas nucleares y planes en respuesta a un ataque extranjero, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Debido a que hay muchos inmigrantes indocumentados centroamericanos que, a pesar de llevar años en Estados Unido, no califican para el Estatus de Protección Temporal (TPS), el Comité de Hispanos en el Congreso le envió una carta al presidente Biden en la que le pide que use su autoridad para una designación nueva en relación con el TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua, así como una "redesignación" para el de Venezuela, con el fin de proteger de la deportación a más personas.