Soraya y Rosalba son dos venezolanas que llegaron hace dos años a EEUU por medio del programa ‘parole’ humanitario; sin embargo, viven en angustia debido a la congelación de todos los procesos que les permitía extender su permanencia de forma legal en el país. “Es algo que es inexplicable. Pareciera que no le importamos a nadie”, dijo Soraya.

Cecilia González es una de las siete personas que presentó una demanda contra la orden que eliminó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos. González se reunió con el congresista Maxwell Frost y reiteró que estos migrantes no pueden volver a Venezuela, pues “las condiciones no han cambiado” en ese país.

Zsolyomi Zsolt, de 25 años, es acusado por el homicidio de dos adultos mayores de 66 y 71 años ocurridos en noviembre y enero en Miami y Miami Beach. Según informes, el hombre es de origen húngaro y acabó con la vida de sus víctimas en un auto y en un apartamento. “Es realmente malo”, dijo Wayne A. Jones, jefe de policía de Miami Beach, quien dio detalles del caso.

Una menor, de 16 años, denuncia que cuando iba caminando por un vecindario en Miami un sujeto salió de un vehículo y se lanzó sobre ella. La joven luchó hasta lograr escapar y corrió a la casa de un vecino, donde llamó al 911. El sospechoso, identificado como Brian Gamboa, fue arrestado tras estar involucrado en un accidente y enfrenta cargos de intento de secuestro y agresión a un menor. Mira también: Un menor desaparece tras salir a jugar con sus amigos y días después es hallado muerto en un arroyo.

Abogados preparan una demanda tras conocerse la orden del gobierno Trump de paralizar los trámites de residencia para los cubanos que entraron a EEUU bajo el programa de parole humanitario de reunificación familiar. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), es una suspensión mientras se investiga “preocupaciones relacionadas con fraude y seguridad nacional”.

La eliminación de la exención de matrícula para estudiantes indocumentados dificulta el acceso a la educación superior y los pone en riesgo de abandonar sus estudios. La medida afectará a alrededor de 6,500 estudiantes que se beneficiaban de tarifas de matrícula asequibles, lo que podría truncar sus sueños de obtener un título universitario.