La intención con esta nueva medida es dar un trato más equitativo a los inmigrantes detenidos, ya que en muchas ocasiones debían pasar meses privados de su libertad por no tener cómo pagar las fianzas. Hablamos con Laura Outeda, abogada especialista, para entender cómo funcionaría este programa.

Gracias a un acuerdo entre la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), ICE y los jueces de inmigración, ahora será más fácil que los migrantes que permanecen en centros de detención puedan pagar la fianza para recuperar su libertad. Los montos irán desde los $1,500 hasta los $20,000 dependiendo de cada caso. Te contamos cuáles son los factores que determinarán cuánto deberá pagar cada indocumentado. Más noticias aquí.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito aprobó un acuerdo que prohíbe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los jueces de inmigración mantengan detenidos a inmigrantes indocumentados solo porque no pueden pagar las fianzas que se les impone. "Finalmente nos vamos a enfocar en lo que realmente importa y no si la persona es rica o pobre", dijo la abogada Delia Franco.

Se acerca la fecha límite para que la legislatura estatal y la gobernadora Kathy Hochul aprueben el presupuesto para el año fiscal 2022. Hochul presentó un plan de 10 puntos que contempla la modificación de la ley de fianzas, lo que ha causado divisiones. Sobre este aspecto, el analista político Eli Valentín afirma que la mandataria “se encuentra en una posición bien difícil. No creo que se llegue a un acuerdo antes del 1 de abril”.

El aumento de la violencia armada y otros hechos delictivos tanto en el estado como en la ciudad de Nueva York podría generar las modificaciones a la ley de fianzas por parte de la gobernadora Kathy Hochul. El alcalde Eric Adams también ha pedido cambios en este sentido para reforzar los planes de seguridad.

Tras la polémica por la reducción de la fianza de un acusado de homicidio en Dallas, el abogado Manuel Díaz explicó cómo es que jueces establecen la fianza de un preso y aclaró que este es un derecho constitucional. “El sistema jurídico da cierta autonomía y parámetros a jueces para que tomen decisiones de este tipo, siempre y cuando estén dentro de lo que la ley permite”, explicó Díaz al recalcar que esto va ligado al peligro que el acusado representa para la comunidad.