El gobierno de Estados Unidos ha logrado quitarle cerca 1,000 millones de dólares a ocho traficantes de droga mexicanos que fueron extraditados al país azteca entre el año 2002 y 2010. Ahora la meta es incautar la fortuna de Joaquín Guzmán Loera, cuyo abogado, José Luis González Meza, asegura que la fortuna debería quedarse en México.

El video fue revelado por la agencia de noticias Notimex y, de acuerdo a Eduardo Guerrero, experto en seguridad y sistemas penitenciarios, el capo se mostró enojado al conocer la noticia, pero no quiso denunciar el suceso. Según información del medio, Ismael 'El Mayo' Zambada, compadre de Guzmán Loera, acordó la liberación de los hijos del narcotraficante con Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con uniforme de prisionero, el exmandatario del país suramericano compareció ante una corte donde se le ordenó continuar tras las rejas mientras avanza su proceso de extradición. Por su parte, Raúl Vela, un fiscal peruano que llegó a Estados Unidos para presenciar la audiencia, afirmó estar de acuerdo y satisfecho con la decisión. Toledo fue arrestado tras ser acusado de haber recibido más de 35 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

El director interino del Servicio de Inmigración, Ken Cuccinelli, dijo que actualizar esta prueba ayudará a potenciales nuevos ciudadanos a entender el significado de los valores del país. Algunos abogados aseguran que el problema no sería el nuevo examen sino cómo lo manejarán los encargados de impartirlo. La nueva prueba entraría en vigencia a finales de 2020, pero un piloto sería revelado dentro de pocos meses.

Según expertos y dependiendo del país de origen, podrían existir personas que tendrían que esperar hasta 100 años para obtener el documento. Afirman que para los mexicanos es normal que estos trámites tomen entre dos y tres décadas, mientras que, si un ciudadano de EEUU pide a un familiar cercano, proveniente de cualquier nación de Latinoamérica, demoraría hasta 12 años.

Las manifestaciones durante el séptimo día fueron lideradas por varios sindicatos. El Colegio de Abogados dio a conocer un estudio que demostraría que en el chat Rosselló cometió delitos que serían la evidencia para iniciar un juicio político. Las peticiones para que el gobernador de la isla dimita al cargo continuarán y se espera que el lunes se realice un paro nacional en San Juan.