El pasado viernes una corte en el norte de California dejó sin efecto temporal una de las medidas planteadas por la administración de Donald Trump, la cual buscaba endurecer los requisitos para solicitantes de asilo político en territorio estadounidense. La abogada Claudia Bernal explica en detalle de qué trata el fallo emitido por la legislatura del Estado Dorado.

Muchos llevan días durmiendo en la calle esperando poder tramitar la visa humanitaria, pero ya los ánimos se han caldeado por la falta de respuestas y algunos están intentando cruzar a la fuerza. Por eso mismo, se ha desplegado a agentes de la Guardia Nacional para que controlen la situación hasta que se normalicen los trámites migratorios. Más información aquí.

Ledys Marilu Hernández afirma que agentes de inmigración de Estados Unidos le dijeron que no estaban “dando asilo” y le ordenaron que se devolviera a su natal México, pero minutos después, según dice, no pudo aguantar más y su bebé nació. Además, reveló que la violencia doméstica y la difícil situación económica en la que vive fueron las razones por las que decidió emigrar. Más noticias aquí.

El magistrado James Donato dictaminó bloquear la medida que, entre otras cosas, pretendía negar más solicitudes sin necesidad de audiencias y rechazar los casos que incluían personas que huyen de violencia doméstica, amenazas de pandillas u orientación sexual. Activistas consideran este fallo como una “fortuna” y aseguran esperar que bajo la administración de Joe Biden la situación de miles de migrantes cambié considerablemente. Más información aquí.

El juez federal James Donato, que preside la Corte de Distrito del Norte de California, aceptó los alegatos de los demandantes y dijo que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, “carecía de autoridad” para promulgar la norma.

El máximo tribunal de justicia aceptó revisar una disputa jurídica y decidir si ciertos inmigrantes protegidos por el TPS pueden recibir la residencia (tarjeta verde) por medio de sus cónyuges o hijos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años.