Lluvia de criticas a Sessions por limitar el poder de los jueces para frenar deportaciones

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advierte que la decisión del fiscal general “podría afectar a las víctimas de delitos, personas que califican para la residencia permanente debido a su matrimonio con un ciudadano estadounidense”.
22 Ago 2018 – 1:17 PM EDT

La reciente orden emitida por el fiscal general, Jeff Sessions, de limitar el poder de los jueces de inmigración para posponer o cancelar administrativamente un proceso de deportación, está generando una lluvia de críticas de grupos activistas que velan por los derechos de los inmigrantes.

La orden forma parte de una serie de recientes decisiones adoptadas por el gobierno de Donald Trump para descongestionar los tribunales de inmigración que, a principios de julio, tenían más de 734,000 casos pendientes de acuerdo con datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

Abogados afirman que la decisión de Sessions afecta el debido proceso migratorio, aumentará las deportaciones y limita severamente la autoridad de los jueces de inmigración.

“Se trata de una situación extremadamente grave”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Los jueces ya no tienen independencia para poder continuar un caso, incluso si el proceso que ventila lo amerita”, agregó.

“Con la decisión del fiscal general los jueces ahora se ven obligados a negar el cierre administrativo de los casos y no dar lugar a continuarlo existiendo razones o argumentos válidos”, explica Guerrero. “Por ejemplo, si el inmigrante está a la espera de una petición familiar, ya no tendrá tiempo para esperar una resolución favorable para su caso y el juez emitirá una orden de deportación”.

También afecta ciertos casos de peticiones de residencia (formulario I-130) hechas por ciudadanos estadounidenses a favor de sus cónyuges. "El fiscal general esrtá diciendo que no se pueden continuar casos por procesos colaterales como por ejemplo la peticion de un conyugue, a menos que el apicante pueda demostrar con suficiente evidencia que su caso se va a ganar y el juez pueda decir si lo va a otorgar o no. En algunos casos hay que esperar que primero se resuelva la petición I-130 quizás porque en un inicio del caso hubo insufiiente evidencia y la corte solicitó ampliar las pruebas", indicó Guerrero.


Al estilo de Trump

Si bien la orden de Sessions se trata de una “política”, ésta se basa en los principios estipulados por el presidente Donald Trump desde su campaña, cuando le prometió a sus seguidores que perseguiría a los indocumentados y cambiaría el sistema migratorio vigente.

Si bien lo ha venido haciendo desde que se instaló en la Casa Blanca el 20 de enero del año pasado, nadie imaginó que lo haría a golpe de memorandos y acciones ejecutivas, el mismo argumento que blandió durante toda su campaña para criticar a su antecesor, Barack Obama.

“El punto es que la orden del fiscal general no es contraria a la ley, es una política”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias. “Sessions tiene la patria potestad para hacerlo”, agregó.

“El cierre administrativo de casos de deportación siempre fue una decisión procesal. Pero hay que dejar en claro que en los últimos dos años ya no se estaban viendo muchos casos, eran menos. Y con este gobierno nadie se atreve a pedirlo, porque es muy difícil que lo concedan”, añade.

Hernández también dijo que “lamentablemente, esta orden afectará a mucha gente que quizás necesite un poquito de tiempo para obtener un beneficio y permanecer en el país. Ahora están pidiéndole a los jueces que aceleren los juicios”.


Clima de incertidumbre

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) advierte que la orden de Sessions “está dificultando que los jueces de inmigración pospongan audiencias para los inmigrantes mientras esperan peticiones especiales que les permitan permanecer legalmente en el país”.

"Significa que ellos (los inmigrantes) podrían ser deportados cuando en realidad tienen un camino para permanecer legalmente en los Estados Unidos", dijo Andrea Guttin, directora legal del Houston Immigration Legal Services Collaborative.

AILA dice además que ,la decisión del fiscal general “podría afectar a las víctimas de delitos, personas que califican para la residencia permanente debido a su matrimonio con un ciudadano estadounidense”.

"El fiscal general ha apretado aún más a los jueces de inmigración al interferir con una importante herramienta de administración de casos usan para garantizar que estos se resuelvan de manera justa y equitativa", dijo en un comunicado Anastasia Tonello, presidenta de AILA.


Muchos serán perjudicados

La lista de inmigrantes que se verán afectados por la reciente orden de Sessions crece con el paso de los días.

“Se trata de una medida peligrosa en el sentido de que el fiscal general le ha quitado una opción valiosa a los jueces”, dice Margot Cowen, una abogada de inmigración y activista que ejerce en Tucson, Arizona. “Hay muchos casos migratorios que merecen ser cerrados de forma administrativa, pero esa herramienta fue quitada por el gobierno”.

“Por ejemplo, una inmigrante que está en proceso de una visa U porque se trata de una víctima de un crimen, y está pendiente de que exista un cupo de visa disponible. Lo común era que el juez cerrara administrativamente su caso de deportación mientras la visa venía en camino. Ahora corre el riesgo que le den una orden de deportación”, explicó.

Cowen dijo que la medida del fiscal general “lleva la firma de Trump”.

A finales de marzo, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tenía en espera 208,813 peticiones de visa U. Por mandato del Congreso, cada año el gobierno entrega un máximo de 10,000 visas.


Qué dice el gobierno

El gobierno de Trump defiende la decisión tomada por el fiscal general Sessions.

"Se han logrado grandes avances en la lucha contra los atrasos en las cortes de inmigración al contratar más jueces, así como reducir el tiempo de contrataciones en más de un 50%”, dijo en una nota de prensa Devin O'Malley, portavoz del Departamento de Justicia. “Pero los atrasos continúan”, añadió.

A pesar del optimismo del gobierno, AILA insiste en que la orden de Sessions se trata de otra medida más por parte del Departamento de Justicia “para aumentar las deportaciones y limitar aún más la autoridad de los jueces de inmigración”, además de “acelerar las causas sin tener en cuenta la imparcialidad o el debido proceso migratorio”.

El llamado "cierre administrativo" ha permitido a los jueces de inmigración remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes permanezcan indefinidamente en el país pese a carecer de un estatus de permanencia legal.

Los cierres se aplicaban rutinariamente a personas sin antecedentes penales que habían vivido durante años en Estados Unidos, a menudo con hijos o cónyuges que ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, tras el cierre esos inmigrantes podían postular a obtener permisos de trabajo y una licencia de manejar.

También favorecía a inmigrantes que estaban a la espera de la resolución de otros casos administrativos que, una vez finalizados, les permitía legalizar sus permanencias en Estados Unidos.


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