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El fiscal general Sessions busca revertir fallos de jueces que han frenado unos 200,000 casos de deportación

El plan aumenta el cerco que el gobierno de Donald Trump ha tendido sobre indocumentados desde que llegó a la Casa Blanca para cumplir una promesa de campaña de deportar a los 11 millones de inmigrantes sin papeles.
29 Mar 2018 – 02:04 PM EDT
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Los planes del gobierno de Donald Trump de expulsar al mayor número de inmigrantes indocumentados en el menor tiempo posible, se enfrenta a la decisión de los tribunales que colocan casos de deportación en espera. Pero el fiscal general Jeff Session ha encontrado la manera de revertir los fallos utilizando su poder para desautorizar a los jueces.

En los últimos cinco años unos 200,000 casos de deportación han sido cancelados por las cortes de inmigración, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia.

“El cierre administrativo es una herramienta que tenemos los jueces para decidir respecto cuáles casos están listos o cuáles otros tienen otros caminos o pasos antes de estar listos para una decisión final de la corte”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la herramienta, que en algunos casos frena indefinidamente una deportación, se encuentra ahora en la mira del fiscal general. "Básicamente (los jueces) legalizaron a la persona que acudía a los tribunales porque se encontraban ilegalmente en el país", dijo el fiscal general durante un discurso en diciembre del año pasado.

“Es una estrategia equivocada”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Él cree que si reabre aquellos casos en donde un juez dictaminó la cancelación de la deportación, van a ser procesados más rápidos. Así no funciona el sistema”.

El blanco de Sessions

El fiscal general Sessions está utilizando su autoridad sobre el sistema judicial migratorio para revisar decisiones judiciales.

“Es un asunto bastante extraordinario”, dice Bárbara Hines, abogada y exprofesora de la facultad de leyes de la Universidad de Texas en Austin. “Los fiscales anteriores tomaban, por ejemplo, un caso cada cinco o seis años. Pero ahora en un corto período de tiempo, Sessions ha revisado entre tres y cuatro casos, algo que antes no habíamos visto”.

Los abogados temen que las revisiones y las decisiones que está tomando el fiscal general ponen en riesgo los derechos del debido proceso migratorio y la integridad de los tribunales de inmigración.

“Demuestra que, por ejemplo, la corte de apelaciones de inmigración no tiene ninguna independencia y eso es algo bastante extraordinario”, advierte Hines.

Entre los expedientes revisados por Sessions se encuentra un caso de asilo. “El fiscal general cuestiona que la violencia doméstica haya sido aceptada como motivo para otorgar un asilo”, explica Hines.

Otro caso es sobre el poder de los jueces de posponer la deportación “mientras un inmigrante busca otro recurso fuera del tribunal, tal como una visa U, se casó con un ciudadano estadounidense o su hijo estadounidense va a cumplir 21 años y puede pedir su residencia”, agrega Hines.

“Las revisiones de estos casos envían una señal peligrosa”, subraya.

La autoridad de los jueces

La autoridad de los jueces les permite usar la herramienta de cancelación de deportación “para actuar ante varias situaciones en las que hay otros tipos de remedios bajo las leyes de inmigración o los estados donde viven”, explica la Marks. “Dentro del debido proceso migratorio, la gente califica para un beneficio de acuerdo con lo que estipulan las leyes de inmigración”.

“Los jueves no queremos seguir un caso de inmigración cuando esos otros pasos todavía se tienen que resolver. Tal vez un caso no está listo para una decisión porque hay otra avenida que resolver. Es entonces cuando se emplea esa herramienta”, añade.

“De esa facultad depende en la manera que se resuelve un caso”, dijo Marks.

A la pregunta si todos los casos de deportaciones canceladas serán reabiertos, Marks dijo que “es posible que abran primero un grupo y después los jueces tendrán que mirar el tiempo disponible sus nuestros calendarios para seguir una acción o no”.

“Pero le reitero”, ataja Barrón. “Es un error creer que, si Sessions reabre los casos, estos van a ser procesados de forma rápida”.

“Lo que hará cada inmigrante con una decisión de este tipo, será pelear su caso en las cortes de inmigración”, apuntó.

Barrón también citó que “en cada caso de cancelación de deportación, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) sensatamente respaldan la decisión de la corte porque los inmigrantes favorecidos son de baja prioridad y de baja peligrosidad”.

Sistema atascado

Las cortes de inmigración tienen acumulados casi 700,000 casos, según datos Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales ( TRAC) de la Universidad de Siracuse en Nueva York.

“Hay demasiados casos frente de la corte y nadie puede cumplir con todos ellos si no hay jueces”, dice Marks. “Algunos expertos señalan que para reparar el problema se requieren el doble de jueces, unos 700 para poder tener suficiente capacidad de hacer nuestros trabajos de una manera prudente en un período de tiempo aceptable”.

Marks advierte además que sin jueces suficientes y sin tiempo adecuado “se puede perjudicar a la gente que está solicitando un remedio, un familiar extranjero, están en peligro o tal vez tienen pariente enfermo y necesitan a esa persona para calificar por un remedio dentro de la ley”.

La portavoz de la asociación dijo además que “por décadas hemos seguido el mecanismo de cerrar los casos administrativamente, no es algo nuevo, es algo que se ha usado en las cortes por décadas, u no solo de inmigración, también en los tribunales civiles y criminales”.

“Se emplea no como una manera solo para evitar hacer el trabajo necesario, sino un mecanismo establecido para priorizar los casos que están verdaderamente listos para seguir porque la gente ha tenido el tiempo necesario para preparar y hacer los pasos fuera de la corte de inmigración para calificar por otras vías legales”, indicó.

Malos presagios

Para Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, “el escenario es preocupante para los inmigrantes, sobre todo para aquellos que no tienen crímenes y tienen ligas (lazos) familiares en Estados Unidos”.

“El estándar que usualmente se va a utilizare será muy alto y la mayoría de los casos no los van a ganar en los tribunales cuando los regresen a ellos”, precisó. “Esas personas que calificaron para cancelación de deportación, no tienen cierre y no tienen 20 años aquí, no tendrán remedio y podrían darles la opción de una salida voluntaria. Sería un escenario terrible”.

Durante la campaña, Trump prometió a sus seguidores deportar a los 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses. A finales de enero, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, firmó dos órdenes ejecutivas migratorias en las que decretó que la inmigración indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

Simultáneamente, el mandatario dio luz verde para reactivar la Sección 287(g), programa activado por el expresidente George W. Bush que otorga a las policías locales poderes extraordinarios para ejercer como agentes federales del servicio de inmigración.

Y el Departamento de Justicia advirtió a las ciudades que se han declarado santuario de inmigrantes, que les cortará fondos federales a menos que colaboren con el gobierno en la implementación de su política migratoria.

Todos en la mirilla

En octubre, durante el debate sobre el futuro de unos 700,000 dreamers protegidos por DACA, Trump propuso “acelerar” los casos pendientes en las cortes de inmigración, además de poner cuotas a los jueces y evaluarlos por el número de casos evacuados de los tribunales, entre ellos miles de expedientes de niños centroamericanos que llegaron solos al país en busca de asilo.

A mediados de ese mes Sessions, durante un discurso en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), dijo que en las cortes de inmigración había más de 600,000 casos acumulados, y que la mayoría de ellos había abusado de un sistema que debe ser cambiado.

El gobierno de Trump ha sugerido desde entonces que la contratación de más jueces de inmigración y la aceleración de los procesos, solucionarán los atascos, pero Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) teme que la política del gobierno dañe el debido proceso y coloque a miles de inmigrantes al borde de la deportación de Estados Unidos.

A principios de enero saltaron las alarmas entre abogados y activistas proinmigrantes a nivel nacional ante la posibilidad de que muchos casos ya cerrados sean reactivados por fiscales especiales, multiplicando las probabilidades de que miles de personas que no iban a ser deportadas ahora sí sean expulsadas del país.

El método, revelado por Sessions, se basa en la evaluación del desempeño de los jueces de inmigración teniendo en cuenta el número de casos ventilados y la cantidad de procesos terminados.

El fiscal general también advirtió que entre sus planes estaba reabrir los casos cerrados administrativamente (cancelación de deportaciones).

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