Rechazan plan de Trump que busca presionar a jueces de inmigración para negar beneficios y acelerar deportaciones

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) también advierte que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea el uso de la deportación expedita a nivel nacional.
16 Oct 2017 – 2:57 PM EDT

La idea de imponer cuotas a los jueces para que aceleren los procesos y aumenten la emisión de órdenes de deportación puso en alerta a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). La entidad advierte que la idea, esbozada en una lista de principios que el presidente Donald Trump envió la semana pasada al Congreso, “amenaza la integridad del sistema judicial de inmigración, la independencia del poder judicial y los derechos de los clientes de los abogados afiliados a AILA”.

Trump incluyó la polémica iniciativa dentro de una larga lista de propuestas para agregarlas a una ley que legalice la permanencia de unos 800,000 dreamers protegidos por la Acción Diferida del 2012 (DACA). Además de poner cuotas a la evaluación de los jueces, el mandatario pidió acelerar la deportación de los niños inmigrantes que piden asilo, reformar y restringir la política de asilo y refugio, acelerar las deportaciones y aumentar las causas de inadmisibilidad.

AILA dice que el sistema de cuotas sugerido por el mandatario se trata de un “esfuerzo sin precedentes” que, sin lugar a dudas, “acelerará” las expulsiones de extranjeros, y podría afectar el rendimiento de los jueces.


El discurso de Sessions

La semana pasada el fiscal general, Jeff Sessions, durante un discurso en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), dijo que en las cortes de inmigración había más de 600,000 casos acumulados, y que la mayoría de ellos había abusado de un sistema que debe ser cambiado.

El gobierno de Trump ha sugerido que la contratación de más jueces de inmigración y la aceleración de los procesos, solucionarán los atascos, pero AILA teme que la política del gobierno dañe el debido proceso y coloque a miles de inmigrantes al borde de la deportación de Estados Unidos.

“Instamos al Departamento de Justicia a que reconsidere su propuesta y que no utilice objetivos numéricos de finalización de casos (con el fin de negar beneficios migratorios) para evaluar el desempeño de los jueces”, piden los abogados.


Independencia de poderes

AILA indica que, históricamente, “los jueces de inmigración estaban exentos de las evaluaciones de desempeño por casos completados” y que la sugerencia planteada por el gobierno a los líderes del Congreso causa “preocupación”. Añade que el sistema de evaluaciones propuesto por Trump “influirá de manera inapropiada en las decisiones de los jueces, afectando el resultado de los casos”.

En 2009, después de garantizar la independencia judicial, la EOIR “estableció un sistema para evaluar el desempeño de los jueces de inmigración de manera individual”, y con ello evitó la imposición de un sistema de cuotas, pecisa.

Pero AILA señala que los actuales planes del gobierno eliminan las protecciones establecidas, y pueden afectar el desempeño de los jueces porque frenaría un alto nivel de profesionalismo en el curso del debido proceso.


Temen despidos

Otra de las preocupaciones de AILA se relaciona con la estabilidad laboral de los jueces de inmigración.

Indica que el sistema de cuotas erosionará su independencia debido a que los jueces son nombrados por el Procurador General y son empleados del Departamento de Justicia. “Los jueces de inmigración no tienen un mandato fijo y pueden ser despedidos por el Procurador General o ser reubicados a otro tribunal”, señala.

Pese a ello, la asociación indica que “es importante destacar que la independencia de los jueces de inmigración está protegida por la ley”, y que quienes juzgan deben “ejercer juicio y discreción independientes".

“La inclusión de cuotas en las evaluaciones de desempeño pondría seriamente en peligro la capacidad de un juez de inmigración para permanecer independiente e imparcial”, indica. “Los jueces se sentirán más presionados para negar las solicitudes de permanencia”, y advierte que esto tendrá repercusiones graves en solicitantes de asilo e inmigrantes sin representación legal”.


El debido proceso necesita tiempo

“El debido proceso solo se puede lograr si el juez tiene suficiente tiempo para desarrollar y revisar cada caso, realizar una audiencia exhaustiva, deliberar sobre los méritos de un caso y emitir una decisión bien razonada que sea consistente con los hechos y la ley pertinente”, subraya AILA.

Cita además que en la actualidad, el tiempo promedio antes de que un inmigrante reciba una decisión sobre su caso es de 681 días, casi dos años. “El sistema de cuotas no mejorará el proceso”, sino por el contrario “generará graves errores con la deportación injusta de un solicitante de asilo a circunstancias peligrosas que pondrán en peligro su vida”.

AILA también denunció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “planea expandir otros procedimientos que socavan el debido proceso, como por ejemplo el uso nacional de la deportación expedita, que permite al gobierno evitar los procedimientos en las cortes de inmigración.

“Al obligar a los jueces a decidir casos de forma acelerada, el gobierno logrará tasas de deportación más rápidas”, y pondrá en el banquillo “a personas que han vivido y trabajado durante años Estados Unidos, incluidos aquellos con familias y trabajos estables”, concluyó.

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