Abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes exigen conocer qué tipo de uso le dará el gobierno a esta información que fue recolectada con un propósito específico, y si está garantizada la privacidad.

La solicitud también incluye la entrega de datos sobre beneficiarios de asistencia pública, un tema que el gobierno tiene en la mira desde octubre del año pasado, pero que el viernes tres cortes le ataron las manos al prohibirle la puesta en vigor de una nueva regla que, incluso negaba la residencia a ciertos extranjeros que piden ayuda al gobierno.

El abogado Haim Vásquez asegura que lo que hace esta medida es ampliar y darle 100% de discreción a los oficiales de inmigración para negar la residencia a personas que posiblemente pueden ser carga pública. Agrega que en eso se basaron los jueces porque “es muy amplia, no da la oportunidad y no va al punto”.

El presidente estadounidense emitió una orden ejecutiva que exige a los extranjeros demostrar que pueden cubrir sus gastos médicos una vez ingresen al país para poder obtener la visa. La abogada Noemí Ramírez dice que Trump quiere elegir quién puede o no vivir en Estados Unidos según su capacidad monetaria.

Delio Regueral, de 55 años de edad, es un residente de Estados Unidos al que le negaron la ciudadanía y que ahora lucha por evitar ser devuelto a Cuba. Willy Allen, su abogado, dice que la decisión tuvo que ser un “error burocrático”, pues Delio cumple con los requisitos de inmigración.

El viernes tres jueces dictaminaron que el servicio de inmigración no puede activar una nueva regla de carga pública, y la semana pasada otra corte federal prohibió la implementación de una norma que activaba deportaciones expeditas a nivel nacional.