Un grupo integrado por abogados y organizaciones, entre ellas universidades y empresas, pidieron a un tribunal de distrito en Washington DC que deje sin efecto un nuevo reglamento que modifica el programa de visas H-1B (para profesionales extranjeros).
Presentan segunda demanda contra nueva regla de visas H-1B para trabajadores profesionales extranjeros
Los demandantes alegan que el gobierno no cumplió con el protocolo que regula la publicación de nuevas normas, no esperó el tiempo suficiente para que el público opine y utilizó datos incorrectos para justificar los cambios.
Por:Jorge Cancino
Video ¿En qué consisten los cambios que endurecen los requisitos para solicitar la visa H-1B?
Se trata de la segunda demanda de este tipo que en la que los demandantes alegan que la norma fue mal redactada, que el gobierno infló datos para justificar los cambios, además de ser una regla activada de manera incorrecta y se trata de una política arbitraria, incorrecta e irracional.
El recurso fue encabezado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a unos 25,000 profesionales a nivel nacional.
En el recurso, el grupo impugnó la regla publicada por el Departamento de Trabajo (DOL) que, dice, “cambia las determinaciones salariales vigentes” para afectar seriamente el programa creado por el Congreso.
La demanda pide a la corte que “prohíba en su totalidad la regla final provisional (IFR) del Departamento de Trabajo y con ello “fortalecer las protecciones salariales del empleo temporal y permanente de ciertos profesionales extranjeros en Estados Unidos".
Cada año el gobierno federal otorga 85,000 visas H-1B para profesionales extranjeros, entre ellos 20,000 graduados en universidades estadounidenses con un título de maestría. La mayoría son pedidas por la industria de alta tecnología.
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Los demandantes
AILA dijo que el grupo de 17 demandantes individuales y organizaciones incluye instituciones educativas de alto nivel, organizaciones sin fines de lucro y empresas representadas por abogados de la Asociación.
“Fue mal redactada y emitida incorrectamente, no cumplió con las normas de procedimiento para la elaboración de reglas y es sustancialmente arbitrario, incorrecto e irracional”, dijo Jesse Bless, Director de Litigios Federales de AILA. “Por sí solo, el fracaso del gobierno en proporcionar el aviso adecuado y la oportunidad de comentar antes de realizar cambios tan drásticos requiere un alivio inmediato para los demandantes”, agregó.
“Pero los argumentos en contra de esta regla van mucho más allá de su implementación ilegal”, añadió Bless. “El aumento de los salarios prevalecientes evidentemente no beneficiará al crecimiento económico de los trabajadores estadounidenses”.
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La nueva regla
El pasado 6 de octubre, los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Trabajo (DOL) anunciaron la publicación de cambios al reglamento de visas H-1B para trabajadores profesionales extranjeros en el marco de la política migratoria de tolerancia cero.
El DHS publicó en su página digital una nueva regla provisional final (IFR) que, dijo, “fortalece el programa de visas de no inmigrante tipo H-1B para proteger a los trabajadores estadounidenses, restaura la integridad del programa y mayores garantías de que las peticiones se aprobarán solo para beneficiarios y peticionarios”.
Por su parte, el DOL publicó una segunda IFR que, aseguró, “ayudará a proteger los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses mediante la reforma de la metodología de salario prevaleciente utilizada por el Departamento en varios programas de trabajadores extranjeros”, siendo ellos las visas H-1B, H1B1 y E-3.
El ministerio dijo que las modificaciones ampliarán las oportunidades para los trabajadores estadounidenses, “que se han visto agravados por los efectos recientes de la emergencia de salud pública del coronavirus en el mercado laboral y requieren una acción correctiva inmediata”.
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Refutan argumentos
Pero los argumentos del gobierno son rechazados por los demandantes, quienes sostienen que “estudio tras estudio se ha demostrado que los titulares de visas H-1B crean empleos en Estados Unidos” y que el reglamento publicado por el gobierno “ha provocado daño inmediato e innecesario en todos los rincones de nuestra economía, incluidas instituciones académicas, organizaciones sin fines de lucro, hospitales, empresas emergentes y pequeñas empresas”.
“Francamente, lo último que necesitamos durante una pandemia y una situación económica de agitación es una regla basada en una comprensión falsa e incorrecta del mercado y la fuerza laboral estadounidense”, dice el grupo. “La norma tiene la voluntad de
obstaculizar nuestra recuperación económica, no mejorarla", apuntó.
"Tratar con el DOL a menudo se siente como participar en los ‘Juegos de Hambre’, se requiere que todos jueguen el juego, pero nadie conoce las reglas y las reglas van cambiando constantemente”, dijo Jeff Joseph, socio principal de Joseph and Hall, PC.
“Esto no es un juego. El hecho de que la regla se hizo efectiva sin pensar en el impacto destructivo que tendría en las industrias y la economía, ilustra cuán fuera de contacto con la realidad se encuentra este gobierno. Esto se trata de la relación simbiótica entre la inmigración legal y la economía”, indicó.
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Premisa incorrecta
La nueva regla, que algunas de sus partes entraron en vigor la semana pasada mientras se encontraba abierto el período de comentario público, “tiene la intención de permitir a los empleadores llenar los vacíos en su fuerza laboral y seguir siendo competitivos en la economía global”, dijo el DHS cuando anununció los cambios. Sin embargo, añadió en esa ocasión, “se ha expandido mucho más allá de eso” y a menudo “en detrimento de los trabajadores estadounidenses”.
“Los datos muestran que más de medio millón de trabajadores no inmigrantes H-1B en Estados Unidos se han utilizado para desplazar a trabajadores estadounidenses”, agrega. “Esto ha llevado a una reducción de los salarios en varias industrias en el mercado laboral y al estancamiento de los salarios en ciertas ocupaciones”.
Las justificaciones emitidas por el DHS tampoco con compartidas por los demandantes. “Los días en que el gobierno federal
ignora descaradamente la ley en su elaboración de normas se acabó”, dijo Charles Kuck, socio gerente de Kuck Baxter Immigration LLC. “Las universidades, los empleadores y los sistemas de salud de Estados Unidos esperan y observan mientras el sistema de inmigración es desmantelado por un gobierno nativista y en contravención de la ley federal".
Por su parte, Greg Siskind, socio fundador de Siskind Susser PC, dijo que “aparte de la forma descaradamente ilegal en que el DOL eliminó esta regla sobre la economía, su premisa básica también es totalmente incorrecta. Los trabajadores afectados están en ocupaciones con un desempleo extraordinariamente bajo. Y como mostramos en la denuncia, estos inmigrantes sobresalientes están haciendo un trabajo fundamental que beneficia a los estadounidenses todos los días, ya sea que estén proporcionando investigación para curar enfermedades, hacer que nuestro país sea competitivo a nivel mundial, brindar atención médica y dental o cuidando a las personas mayores de nuestro país".
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La primera demanda
El viernes un grupo encabezado por la empresa ITServe Alliance, una entidad comercial que representa a empresas de información, alegaron en una demanda contra el gobierno que el DOL infló los requisitos de salario mínimo y utilizó datos “defectuosos” para establecer nuevos rangos.
“Utilizó “atajos” al emitir la regla de emergencia en lugar de llevar a cabo un análisis completo de su impacto en los trabajadores y la economía”, de acuerdo con un reporte del diario The Wall Street Journal.
La subida del salario mínimo a los trabajadores H-1B tiene como objetivo endurecer los requisitos del programa y restringir la elegibilidad para una visa H-1B, dicen abogados consultados por Univision Noticias.
“Están haciéndole más difícil la vida a los trabajadores extranjeros en Estados Unidos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (Califirnia). “La única razón que dan es que están tratando de proteger al empleado aquí en nuestro país a costa de complicarle el proceso a los profesionales extranjeros, muchos de ellos graduados en universidades estadounidenses”.
Gálvez dijo además que “al gobierno se le olvida el aporte de los trabajadores extranjeros” y que la nueva norma “no solo afecta al programa, sino que daña la economía nacional, sobre todo en estos tiempos de pandemia”.
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