Una nueva iniciativa para financiar el ambicioso paquete de gasto social del presidente Biden ha sido presentado a consideración de los demócratas del Congreso, pero no todos parecen convencidos de que sea factible aplicarlo o siquiera conveniente.

En caso de que la asesora legal del Senado, Elizabeth MacDonough, rechace el nuevo plan para regularizar a millones de indocumentados, los demócratas en la Cámara Baja consideran la posibilidad de ignorar sus recomendaciones. La parlamentaria ya objetó dos veces y ahora se espera su decisión sobre el 'Plan C', el menos generoso y el cual otorgaría un amparo de la deportación y permisos de trabajo. Más información aquí.

La promesa de una reforma migratoria en el primer año de mandato hecha por el presidente Joe Biden durante su campaña parece diluirse nueve meses después de llegar a la Casa Blanca. Y los obstáculos no solo vienen de los republicanos, sino también de senadores como Kyrsten Sinema y Joe Manchin, quienes no están de acuerdo con los planes del presidente.

Los demócratas del Senado trabajan en los detalles del Plan C de inmigración, con el que buscan brindar protección y alternativas a millones de indocumentados en el país. Lia Parada, directora de asuntos legislativos de la organización HUB, habló sobre el permiso de trabajo propuesto en el proyecto. "Sería para personas que han estado en los Estados Unidos desde el 2010 y sería un permiso de cinco años que se puede renovar", afirmó.

La firma de Biden se da luego de que la Cámara de Representantes aprobó el martes el aumento de 480,000 millones de dólares en el límite máximo de endeudamiento del país.

Los demócratas del Senado trabajan en los detalles finales de un nuevo plan para incluir una vía de protección legal de inmigrantes indocumentados en el paquete de reconciliación del presupuesto de gastos 2022. A diferencia de los dos primeros intentos, ambos con una vía hacia la Green Card (tarjeta verde) y luego la ciudadanía por naturalización, el Plan C es menos generoso: protegería a 8 millones de indocumentados de la deportación -con una acción diferida de deportación similar a DACA- y les concedería un permiso de trabajo renovable.