Fernando Coronado, de 49 años, demandó a la organización después de que el 3 de agosto de 2016 agentes de West Valley City utilizaron un arma táser. El impacto produjo una caída que lo dejó con múltiples problemas de salud. Autoridades defendieron la acción diciendo que estaba perturbado, tenía entrenamiento militar y acceso a armas de fuego en su apartamento.

Testigos aseguran haber visto movimientos sospechosos antes del incendio, que se produjo durante la mañana de este domingo. Bomberos controlaron las llamas y los habitantes del edificio quedaron desplazados.

Las autoridades informaron que el menor fue dejado en la puerta de un apartamento y entregado a sus padres tras realizarle exámenes médicos. El padre se bajó del auto de marca Lexus en un establecimiento de alcohol y tabaco, de donde salió el sospechoso. Las autoridades investigan el caso y buscan el vehículo.

Las autoridades continúan las investigaciones de la explosión. Aunque no hay pistas claras de los autores intelectuales del crimen, se manejan dos hipótesis.

Este tiroteo provocó una intensa movilización policíaca y es el segundo incidente de esta naturaleza donde se ve involucrado un oficial.

El informe indica que el menor atacó a la profesora por la espalda hasta que ambos cayeron al suelo en la escuela Coral Way K-8. El progenitor dice que las autoridades deben probar cuando él aceptó que "se lo llevaran preso", debido a que el documento dice que estuvo de acuerdo con que el estudiante necesitaba ir a un centro de salud mental. Ian Moffett, jefe de la policía escolar de Miami-Dade, comunica que la acción estuvo justificada, mientras sigue la controversia en torno a la aplicación de la ley Baker.