La agente Valerie Cincinelli es acusada de darle el dinero a su novio para que él contratara a un asesino a sueldo y matara a las dos personas, pero el hombre, en lugar de ayudarla, la denunció y cooperó con el FBI grabando sus conversaciones. Isaiah Carvalho, esposo de la sospechosa, se enteró del plan cuando las autoridades le pidieron hacerse el muerto para tomarle unas fotos y hacerle creer a la mujer que el trabajo estaba hecho y capturarla.

Según la cadena CBS, se trata de una menor salvadoreña de 10 años. Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos señaló en un comunicado que la pequeña sufría una condición congénita del corazón y que presentaba un estado de salud débil cuando pasó al cuidado de la Oficina de Refugiados en San Antonio, Texas, el 4 de marzo de 2018 y tras un procedimiento quirúrgico quedó en coma. Fue transferida a dos centros de cuidados diferentes y falleció en Nebraska el 29 de septiembre.

La residencia privada y negocios de bienes raíces del mandatario se encuentran en ese estado, por lo que los expertos en finanzas aseguran que tendrían acceso a toda su información. El gobernador Andrew Cuomo ha manifestado su apoyo a la legislación y se espera que firme la nueva ley en los próximos días.

A través de un memorando, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador exigió una disminución inmediata del 30% al 50% en el presupuesto de las dependencias. Cerca de 3,200 científicos de todo el país firmaron una carta enviada al mandatario para que detenga la medida, que perjudica el pago de energía eléctrica, internet y los desembolsos para la nómina de investigadores, entre otros. El memorando presidencial destaca que "no habrá gobierno rico con pueblo pobre".

La exmandataria es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que favorecía al empresario Lázaro Báez al asignarle contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Decenas de simpatizantes se reunieron a las afueras de la corte para demostrarle su respaldo y recalcar lo que dicen los abogados defensores, que la causa está llena de irregularidades e investigaciones incompletas que terminarán con la anulación del juicio.

Los vehículos decomisados en procesos fiscales y al crimen organizado serán rematados por el gobierno mexicano y las ganancias obtenidas se destinarán a las comunidades más pobres del país. En total se espera recaudar 1.3 millones de dólares. Esta es la primera parte de una subasta que incluirá residencias y joyas confiscadas.