Douglas Nicholls asegura que la situación es insostenible y en una conferencia de prensa declaró emergencia local. El mandatario dice que los albergues tienen capacidad para 200 personas, pero que la Patrulla Fronteriza sigue entregando más familias. Parte del problema es que el sistema de transporte en la zona es insuficiente ante la creciente demanda de indocumentados.

Las sugerencias iban a ser dadas a conocer en mayo, pero el panel asegura que la crisis humanitaria en el límite con México no puede esperar. Entre las propuestas está establecer tres o cuatro centros de detención en la frontera para procesar a las familias arrestadas, que estos lugares no sean administrados por la Patrulla Fronteriza y cancelar el llamado Acuerdo Flores, entre otros. Activistas advierten que varias de estas medidas serán desafiadas en la corte.

Unas 24 toneladas, distribuidas en 21 camiones, fue el primer cargamento de ayuda humanitaria que llegó a territorio venezolano de la mano de la Cruz Roja Internacional en un vuelo procedente de Panamá. Más de 2,500 voluntarios estarán dispuestos para distribuir la asistencia que pretende ayudar a cerca de 650,000 personas.

Aseguran que antes podían realizar el procedimiento con el pasaporte, pero ahora el plantel educativo –ubicado en Fredericksburg– exige una licencia de conducir, la cual no es expedida a indocumentados en ese estado. Por otro lado, dos madres aseguran que el policía del condado de Spotsylvania, asignado a proteger la escuela, les exigió que le dijeran su estatus migratorio y luego les puso una multa de tráfico a pesar de que no estaban conduciendo en ese momento.

Un video dado a conocer por autoridades estadounidenses muestra el momento en que los indocumentados descienden de autobuses en el lado mexicano y luego atraviesan el cerco. Los migrantes tuvieron que esperar más de 10 horas para ser trasladados del desierto a centros de detención, lo cual puso en aprietos la capacidad de la agencia federal. Por otro lado, el alcalde de Yuma declaró estado de emergencia ante el incremento de familias que son detenidas por Inmigración.

La orden fue emitida por el fiscal general, William Barr, y entraría en vigor en 90 días. De acuerdo a abogados, si un inmigrante argumenta que su vida corre peligro en su país de origen, aún demostrando que su miedo es razonable, tendrá que esperar la resolución de su caso en un centro de detención. Los expertos dicen que lo más probable es que la medida sea demandada en los tribunales de justicia.