En algunas ciudades de Nicaragua, como Masaya, las barricadas protegen a los pobladores, sus comercios y casas de los saqueos e incendios perpetrados con nocturnidad por seguidores del gobierno con el fin de crear caos y miedo. Esta era la situación en esa ciudad aledaña a Managua a mediados de junio cuando estaba protegida por cientos de barreras fabricadas por los propios vecinos con adoquines de las calles.

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En la respuesta más dura hasta ahora de la administración Trump a la violencia política en Nicaragua, Estados Unidos señaló a los funcionarios por los "horrendos abusos contra los derechos humanos y la corrupción": el jefe de policía Francisco Díaz, el líder de la Juventud Sandinista Fidel Moreno y José Francisco López, el tesorero del partido Sandinista.

Humberto Ortega, por medio de una carta, pidió un cese a la violencia en su país natal y señaló a varios simpatizantes de su hermano Daniel de “civiles armados, encapuchados y parapoliciales”.

Los migrantes expresan que la violencia en su país los obligó a huir con sus familias. Cientos de personas siguen cruzando la frontera de manera ilegal, varias han sido detenidas y deportadas.

Organismos de derechos humanos internacionales se instalan en Nicaragua, el gobierno se rehúsa a anticipar elecciones mientras los paramilitares siguen detonando sus fusiles contra civiles. Van más de 220 muertos durante las protestas.