A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Chicago cargó contra el fiscal general, quien este viernes criticó el acuerdo que contempla varios cambios en el funcionamiento del Departamento de Policía de Chicago, institución que cuenta con más de 12,000 empleados.

La junta estatal de libertad condicional calcula que entre 3,000 y 4,000 reos podrían resultar beneficiados de este proceso si pasan un riguroso escrutinio tras un fallo judicial emitido en septiembre. La medida fue aprobada en 2016 por el 64% de los electores y enmendó la Constitución estatal para incrementar las opciones y beneficios por buen comportamiento para los presos no violentos.

La ley 'Derecho a Saber' le otorga a los ciudadanos la opción de conocer la información que debe recibir por parte del oficial cuando este le solicita una revisión de su casa, su carro o sus artículos. Además, los residentes podrán entablar una queja si el trato por parte del agente no es de su agrado.

"Este acuerdo le cede el control a dos políticos que están retirándose y a un juez federal. Es decir, básicamente, tres personas van a dirigir a la Policía", dijo el fiscal general durante una reunión con la Comisión del Crimen de Chicago, organización que promueve leyes más efectivas para combatir la delincuencia.

Aunque la venta de la sustancia es legal en el estado, la ley establece que los lugares de distribución deben cumplir normas y estar registrados. Una comisión analiza posibles sanciones.

Un grupo de mujeres y varias organizaciones se manifestaron este jueves en el centro de Chicago y hablaron de cómo la situación que actualmente prevalece en la ciudad y el estado afecta a las mujeres.