Un nuevo caso positivo de civod-19 en un funcionario del Centro de Detención del Noroeste (NWIPC) en Tacima, estado de Washington, aumentó las preocupaciones entre internos y grupos activistas que piden ponerlos en libertad.

Expertos advierten que el anuncio de una nueva propuesta migratoria podría disparar oportunidades para estafadores que quieren aprovecharse de la necesidad de los inmigrantes indocumentados para robarles su dinero.

Francisca Lino, madre de familia, tomó la decisión de regresar a su hogar, luego de conocer la reciente orden ejecutiva firmada por el nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, la cual protege de la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados por un período de 100 días.

El nuevo gobierno da un giro en el lenguaje que utiliza para referirse a los inmigrantes indocumentados y desde el primer día se refiere a ellos como "no ciudadanos", término que las organizaciones aplauden, pero quieren ver hechos no solo palabras.

Xavier Racine, abogado de inmigración, asegura que los dreamers han ganado un aliado en la Casa Blanca con la llegada de Joe Biden, pero deja claro que cualquier reforma que los beneficie con miras hacia una residencia permanente en Estados Unidos debe pasar y ser aprobada por el Congreso para que se pueda establecer definitivamente como ley. Más información aquí.

El procurador general de ese estado, Ken Paxton, presentó la acción judicial en la que se alega que las nuevas medidas violan la Constitución y un acuerdo que se firmó entre el gobierno de Trump, Texas y otros estados del país donde pactan notificar, con seis meses de antelación, cualquier alteración en las reglas migratorias. Expertos creen que esta demanda no tendrá mayor éxito. Más información aquí.