Al menos 40 líderes religiosos de Los Ángeles se reunieron para pedirle al presidente Donald Trump que revierta su política y ayude a los beneficiarios del TPS y DACA.

Ricardo Rodríguez, un hispano exonerado tras ser víctima de manipulación de testigos en investigaciones adelantadas por el detective jubilado Reynaldo Guevara, quedó bajo detención migratoria. Rodríguez fue entregado a ICE pues su residencia permanente fue revocada debido al proceso en el que lo involucraron injustamente.

Para Marianna Treviño-Wright, quien tiene 100 acres de tierra que colindan con el Río Grande en el sur de Texas, la valla fronteriza potencialmente podría dividir su propiedad. "El muro no va a cambiar nada. Nada más va a destruir nuestras aéreas silvestres y nuestra economía", dice.

Ante la avalancha de redadas y arrestos indiscriminados por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varios lugares del país, un grupo de abogados en Florida creó una especie de seguro legal para los afectados.

Líderes comunitarios prevén que la propuesta de Trump, que busca catalogar como 'cargas públicas' a los inmigrantes que hayan usado beneficios públicos y busquen ajustar su estatus migratorio, podría ocasionar que muchos de ellos se abstengan de solicitar servicios vitales por miedo a quedar vulnerables ante el sistema de inmigración.

Según un borrador obtenido por el diario The Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca que se considere como un factor negativo el uso de beneficios públicos por parte de solicitantes de visas o de la residencia legal permanente ('green card').