Aseguran que sus seres queridos solo estaban laborando por el bienestar de sus hogares y creen que no fue justa la detención por parte de los agentes de Inmigración. Ahora esperan conseguir una asesoría legal adecuada para evitar consecuencias mayores.

Asael Duarte, nacido en Estados Unidos e hijo de una mexicana, asegura que un policía escolar lo amenazó con arrestarlo y repatriarlo tras no levantar la mano antes de hablar en una escuela de Mississippi. Su hermana Yulisa intentó quitarse la vida por el acoso y denunció que le han dicho que se mate. La madre de los menores, Paloma Gallegos, califica de racista el trato que les han dado.

La organización Hermandad Mexicana propuso una campaña para que latinos no reporten delitos ni hablen con agentes, esto como respuesta a que unas 15 comunidades no comparten la idea de la ley santuario en California, firmada por el gobernador Jerry Brown.

Defensores de los Derechos Humanos manifestaron su preocupación por el tratamiento que den en Estados Unidos a las peticiones de asilo de los migrantes, quienes continúan llegando a Tijuana. Entre 2011 y 2016, se negaron 8 de cada 10 solicitudes de este tipo a personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. El fiscal general Jeff Sessions ordenó el envío de fiscales y jueces a la frontera con México para que procesen los casos de los indocumentados.

La decisión de un juez de reactivar el programa para que miles de jóvenes beneficiarios renueven sus respectivas solicitudes, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional, durante 90 días, explique las razones por las que canceló DACA, ha abierto la ilusión de miles de inmigrantes.

El Departamento de Justicia indicó que espera reivindicarse en litigios futuros después de que un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump que siga con el programa y acepte nuevos solicitantes y dio 90 días para que entregue mejores argumentos sobre el fin del programa, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes llegados en la infancia a Estados Unidos.