El funcionario advirtió que tomará las medidas legales para defender la decisión de finalizar el programa, asegurando que hará cumplir las leyes de inmigración.

Cerca de 800,000 inmigrantes estarían afectados por la tardanza en la oficina de inmigración. Organizaciones indican que se trata de una estrategia del gobierno para obstaculizar a residentes legales.

La medida es parte de un plan de Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca, y no requiere la aprobación del Congreso. Alrededor de 20 millones de inmigrantes se verían afectados.

El juez federal de distrito Andrew Hanen podría dar el mayor golpe judicial al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Su fallo en una corte de Houston, que podría conocerse este miércoles, será determinante, pues incluso podría bloquear el programa y sentar un precedente para otras cortes.

En las próximas semanas se espera que la Casa Blanca presente un nuevo reglamento en el que considerarán la 'carga pública' como causal para negar procesos de inmigración y hasta de naturalización de personas que hayan recurrido a programas de ayuda social en el pasado.

Un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas establece que la administración no tuvo en consideración factores como la inclinación, la topografía y el valor de la adquisición de tierras a la hora evaluar lo que costaría la valla fronteriza. Trump ha pedido 18,000 millones al Congreso y ha amenazado con cerrar el gobierno si no se lo aprueban.