Cecilia Gómez llegó al edificio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Las Vegas creyendo que le iban a dar la residencia permanente, pero le dijeron que tenía una orden de deportación de 1998 y la arrestaron. La repatriación de la inmigrante, quien asegura que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la agredió en un centro de detención, fue suspendida a solo minutos de la frontera con Arizona.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que aceptará los resultados de estos análisis para probar vínculos entre hermanos, informó que la nueva política es una opción y se usará como última instancia. El abogado de inmigración Gunther Sanabria dijo que las pruebas de ADN son para ayudar a padres que no están en certificados de nacimiento y que la administración de Donald Trump las usa como una restricción.

El juez federal en San Diego estaría contemplando la decisión después de que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra las autoridades migratorias alegando que la separación viola los derechos constitucionales de las familias. La posible determinación alienta a por los menos 200 migrantes que ingresaron a Estados Unidos, quienes podrían ser alejados de sus hijos.

Llevar cartas al presidente Donald Trump y al Congreso es una alternativa en la que piensan los afectados tras la decisión anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El Consulado de Honduras en Dallas llevará a cabo un foro de inmigración para los hondureños, que podrán permanecer en el país hasta enero de 2020.

Las labores que presta 'Miguel' son solicitadas especialmente para ir a las citas de inmigración en las mañanas. La falta de licencia para conducir y la presencia de las autoridades en las calles se convierten en los principales temores de sus pasajeros.

Después de que el gobierno de Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para al menos 56,000 hondureños, habitantes de Illinois asistieron con decenas de preguntas a un taller de asesoría legal de la organización LULAC. Los afectados tendrán hasta el 5 de enero de 2020 para regularizar su estatus migratorio o abandonar el país.