El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indicó que, de los cerca de 300,000 inmigrantes amparados por un Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta la primera semana de enero del 2021, solo aquellos que viven en las jurisdicciones de las cortes de apelaciones del Sexto y Noveno Circuito pueden convertirse en residentes legales permanentes. Más información aquí.

La normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración responsabilizará a los patrocinadores de posibles incumplimientos en las obligaciones que sean establecidas en las solicitudes de familiares. Abogados expertos dicen que, además, se solicitará evidencia de cuentas bancarias, declaración de impuestos y que los aplicantes no hayan recibido beneficios del gobierno en los últimos 36 meses. Más información aquí.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de EEUU informó que acatará la orden de un juez que bloquea el incremento en los costos de la mayoría de los servicios que brinda a la comunidad. La agencia planeaba aplicar las nuevas tarifas desde este 2 de octubre. Expertos recomiendan aprovechar este momento para adelantar procesos pendientes, pues se espera que la administración Trump apele la medida. Más información aquí.

Una iniciativa del gobierno busca garantizar que aquellos que firmen un documento asumiendo la responsabilidad económica de un inmigrante puedan y cumplan con su compromiso. De aprobarse, a los patrocinadores podrían solicitarles informes de crédito, registros de sus pagos de impuestos y si reciben ayuda pública serían descalificados. "Es una propuesta alarmante", dice una activista.

La resolución tiene como objetivo generar más fondos para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) y recuperar algo de lo perdido por la pandemia del coronavirus. De aprobarse este proyecto, quienes asuman el pago tendrán la oportunidad de acelerar los procesos en visas de no inmigrante y ciertas peticiones relacionadas con autorizaciones por trabajo. Más información aquí.

La regla de carga pública se activó una vez más por parte de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración provocando la preocupación entre inmigrantes que buscan obtener la residencia permanente y organizaciones que defienden sus derechos.