La normativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración responsabilizará a los patrocinadores de posibles incumplimientos en las obligaciones que sean establecidas en las solicitudes de familiares. Abogados expertos dicen que, además, se solicitará evidencia de cuentas bancarias, declaración de impuestos y que los aplicantes no hayan recibido beneficios del gobierno en los últimos 36 meses. Más información aquí.