Una iniciativa del gobierno busca garantizar que aquellos que firmen un documento asumiendo la responsabilidad económica de un inmigrante puedan y cumplan con su compromiso. De aprobarse, a los patrocinadores podrían solicitarles informes de crédito, registros de sus pagos de impuestos y si reciben ayuda pública serían descalificados. "Es una propuesta alarmante", dice una activista.