La querella busca una compensación económica que podría ser de varios millones de dólares, los cuales se usarían para crear un fondo enfocado en tratamientos y servicios de salud mental para las familias afectadas. Bajo la política de 'tolerancia cero', las separaciones iniciaron en 2018 y a pesar de que un juez ordenó la reunificación no fue posible de inmediato ya que el gobierno le perdió la pista a más de 1,000 niños y cientos de padres ya habían sido deportados.

La concejal Andrews Sullivan se opuso al contrato de arrendamiento de VisionQuest con la Segunda Iglesia Bautista.

Los datos serán resguardados por una base de datos del FBI, que podrá ser usado por otras divisiones del gobierno. "Esto nos va a permitir identificar mejor a una persona que entró ilegalmente al país", según dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que hablaron con periodistas bajo condición de anonimato.

La jueza federal Ketanji Brown Jackson dio un golpe a la política del gobierno ya que la nueva regla concedía poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para detener y arrestar a inmigrantes en cualquier parte del territorio nacional para que pudieran ser expulsados de forma acelerada si tenían antecedentes criminales y no demostraban que llevan al menos dos años en el país. El fallo es de cumplimiento inmediato.

La denuncia señala que los solicitantes de asilo en Estados Unidos “son enviados de regreso a ciudades de México sin suficiente capacidad de albergue y con altas tasas de criminalidad, mientras esperan una audiencia de asilo en los tribunales migratorios estadounidenses”.

Las autoridades investigan redes de tráfico humano tras el hallazgo del grupo que incluía niños y una mujer embarazada, en el sector de Tucson, Arizona. Un ciudadano americano enfrenta cargos criminales luego de la detención.