La querella busca una compensación económica que podría ser de varios millones de dólares, los cuales se usarían para crear un fondo enfocado en tratamientos y servicios de salud mental para las familias afectadas. Bajo la política de 'tolerancia cero', las separaciones iniciaron en 2018 y a pesar de que un juez ordenó la reunificación no fue posible de inmediato ya que el gobierno le perdió la pista a más de 1,000 niños y cientos de padres ya habían sido deportados.