null: nullpx

Florida está a punto de tener una de las leyes antiinmigrantes más duras de Estados Unidos

La polémica iniciativa de ley obliga a las agencias de policías locales, gendarmería y universitaria, entre otras dependencias, a colaborar con el gobierno de Washington DC en la implementación de la ley federal de inmigración.
5 May 2019 – 10:36 AM EDT

Florida, el tercer estado con más indocumentados después de California y Texas, se convertirá en un territorio antiinmigrante a partir del 1 de julio si el gobernador republicano, Ron DeSantis, promulga una ley que prohíbe las ciudades santuario.

El jueves la Cámara de Representantes, con 68 votos a favor y 45 en contra, aprobó la polémica iniciativa de ley SB 168 que obliga a las agencias de policías locales, gendarmería y universitaria, entre otras dependencias, a colaborar con el gobierno de Washington DC en la implementación de la ley federal de inmigración.

La medida, impulsada por los republicanos (que cuentan con 71 puestos y los demócratas 46), se convierte en una de las más duras del país cuyo objetivo es ubicar, arrestar y deportar al mayor número de indocumentados posible.

De los cerca de 11 millones de indocumentados que viven en el país, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo, en California residen 2.8 millones, seguido por Texas con 1.9 millones y Florida con 810,000.


De qué se trata

La SB 168 crea un nuevo capítulo en los Estatutos de Florida denominado ‘Aplicación federal de inmigración’ con el objetivo de garantizar que las entidades estatales y locales, y las agencias de aplicación de la ley, “cooperen con los funcionarios del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y no para obstruirlas”, explica in informe de la Coalición de Inmigrantes de Florida (Florida Immigrant Coalition -FIC).

El proyecto, que se encuentra desde la noche del jueves en el escritorio del gobernador DeSantis, prohíbe las ciudades santuario y exige que las dependencias locales y estatales y las policías, “hagan todo lo posible para apoyar la ejecución de la ley federal de inmigración”.

“Esta legislación va en contra de las regulaciones locales para proteger los derechos de los inmigrantes y en perjuicio de nuestra comunidad”, dice Tirso Moreno, un dirigente y activista sindical involucrado en el movimiento campesino de Florida. “Dará lugar a mucha discriminación y eso no esta bien”.

Moreno advierte además que la SB 168 “abrirá las puertas para que haya más discriminación en el estado y con ello aumentará la inseguridad de los floridanos. Es algo malo que afectará los derechos humanos y laborales de cientos de miles de trabajadores”.


Poderes ilimitados

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes temen que la SB 168 otorgue poderes ilimitados a las policías locales, algo similar a lo que ocurrió en 2012 en Arizona y luego en el estado de Alabama, otros dos estados gobernados por republicanos.

La SB 168 prohíbe ocultar el estatus migratorio de los individuos que entren en contacto con las autoridades estatales y municipales, y requiere que los agentes y personal de dependencias “ayuden en la implementación de la ley federal de inmigración”.

Entre las dependencias obligadas a acatar la nueva legislación, una vez sea promulgada por DeSantis, se cuentan las policías estatales, condales y municipales, oficinas del alguacil, universidad estatal y departamentos de policía de la universidad, agencias correccionales del condado y el Departamento de Correcciones del Estado.

La iniciativa requiere que las agencias policiales, representantes, agentes o empleados hagan "mejores esfuerzos" para apoyar el cumplimiento de la ley federal de inmigración, y prohíbe que una entidad estatal, gubernamental local o una agencia de aplicación de la ley restrinja la capacidad de una agencia de aplicación de la ley para comunicarse o intercambiar información con una agencia de inmigración federal sobre la aplicación de la ley de inmigración, explica la FIC.

Nadie se escapará

La SB 168 precisa que se considerará suficiente para detener a un inmigrante si se cumplen con los siguientes requisitos:


  • La petición de la agencia federal de inmigración es completa e indica que tiene causa probable para creer que la persona a ser detenida es un extranjero deportable bajo la ley federal de inmigración; o
  • La petición de la agencia federal de inmigración es incompleta y no indica que el funcionario federal de inmigración tiene causa probable para creer que la persona detenida es un extranjero removible según la ley federal de inmigración, pero está respaldada por una declaración jurada, orden u otros documentos oficiales que indican que la agencia federal de inmigración tiene causa probable para creer que la persona para ser detenida es un extranjero removible bajo la ley federal de inmigración.

“Los legisladores republicanos quieren romper nuestras familias, nuestros hogares y nuestros corazones. Pero nosotros somos más fuertes", dice Andrea Mercado, Directora Ejecutiva de la Nueva Mayoría de la Florida.


No más ciudades santuario

En cuanto a las ciudades o jurisdicciones santuario la SB 168 las prohíbe al igual que cualquier acción o medida que frene o limite el cumplimiento de la ley federal de inmigración.

Ordena que las policías y dependencias estatales y municipales cumplan con las solicitudes de retención enviadas por una agencia federal de inmigración para notificarles antes de la liberación de un preso o detenido.

También exige proporcionar a una agencia federal de inmigración acceso a un recluso para una entrevista, el estado de encarcelamiento o la fecha de liberación de un recluso

Y facilita la celebración de acuerdos de colaboración bajo el programa federal 287(g), que otorga poderes extraordinarios a las policías para que su personal funja como agentes federales de inmigración.

La SB 168 facilita además la entrega de inmigrantes encarcelados a la custodia del gobierno federal para proceder a su deportación expedita de Estados Unidos. Y advierte que “cualquier funcionario ejecutivo o administrativo estatal, del condado o municipal que viole sus deberes en virtud de este capítulo, puede estar sujeto a acciones por parte del Gobernador en el ejercicio de su autoridad en virtud de la Constitución y la ley estatal”.


Preocupaciones constitucionales

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se opone a la iniciativa de ley aprobaba por la Asamblea de Florida y dice que “se trata de una medida contra los inmigrantes para prohibir las políticas santuario, y para exigir que las autoridades locales apliquen las solicitudes de retención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) porque plantea varias preocupaciones constitucionales y pisotea los derechos civiles y las libertades de los inmigrantes reales o percibidos”.

“La SB 168 requiere que todos los condados y municipios de Florida gasten los recursos locales máximos para hacer cumplir la ley federal de inmigración, y participar en violaciones de las libertades civiles”, agrega. “Además, no proporciona ningún financiamiento ni reembolso por su costoso mandato”.

El grupo de derechos civiles dice además que “específicamente, este proyecto de ley establece que ninguna entidad estatal, agencia de aplicación de la ley, entidad del gobierno local, universidad estatal o representante de la misma puede adoptar o tener una política de santuario”.

Y castiga cualquier acción que limite o impida el cumplimiento de las solicitudes de retención de ICE, el cumplimiento de una solicitud de una agencia federal de inmigración para notificar a la agencia antes de la liberación de un preso o detenido, entrevistar a un detenido o proporcionar a una agencia federal de inmigración el estado de encarcelamiento o la fecha de liberación de un recluso.

“El Procurador General puede presentar una demanda contra una entidad gubernamental local o una agencia local de aplicación de la ley en un tribunal de jurisdicción competente para obtener una reparación declaratoria o cautelar por una violación de este capítulo”, advierte la FIC.


Limitaciones

La ley SB 168 no requiere que una entidad estatal, local o agencia de cumplimiento de la ley proporcione a una agencia federal de inmigración información relacionada con una víctima o testigo de un delito “si la víctima o el testigo coopera oportunamente de buena fe en la investigación o enjuiciamiento del delito”.

Advierte, sin embargo, que la cooperación de una víctima o testigo debe estar documentada en los registros de investigación de la entidad o la agencia, y la entidad o agencia debe conservar los registros durante al menos 10 años para los fines de auditoría, verificación o inspección por parte del Auditor General.

Añade que esta sección no se aplica a ningún extranjero presente ilegalmente en los Estados Unidos si él o ella es o ha sido un testigo necesario o víctima de un delito de violencia doméstica, violación, explotación sexual, agresión sexual, asesinato, homicidio involuntario, agresión, agresión, tráfico de personas, secuestro, encarcelamiento falso, servidumbre involuntaria, fraude en contratos laborales extranjeros, chantaje, extorsión o manipulación de testigos. Esta determinación es hecha por el fiscal de la víctima/testigo.

Por último, explica la FIC, la ley antisantuario de Florida prohíbe la discriminación basada en el género, la raza, la religión, el origen nacional o la discapacidad física de una persona, excepto según lo autorice la Constitución de Estados Unidos o la Constitución del Estado.

Tras la aprobación de la ley en la Asamblea, en gobernador DeSantis dijo en un comunicado que “las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley pueden y deben trabajar con el gobierno federal para garantizar que la responsabilidad y la justicia sean una en nuestro estado".

A principios de año, cuando el parlamento estatal inició el debate sobre el proyecto de ley antisantuario, DeSantis demandó a los congresistas que le enviaran un proyecto de ley "que respete el estado de derecho y aborde las ciudades y condados santuarios". Y agregó: "somos un estado más fuerte cuando protegemos nuestros residentes, fomentamos comunidades seguras y respetamos el trabajo de la policía en todos los niveles”.

Activistas dijeron estar alarmados por el futuro inmediato de los inmigrantes. “Vienen tiempos muy oscuros para la Florida”, dijo a Univision Noticias el dreamer Saúl Alemán. “Uno de cada cinco inmigrantes en el estado tiene un familiar o un amigo indocumentado que se verá impactado por esta legislación. Existirá discriminación por nuestro color de piel, nuestros padres podrán ser arrestados y el gobierno usará sus impuestos para criminalizarlos y ponerlos en proceso de deportación”.

“Debemos organizarnos para demandar dignidad y respeto a nuestros derechos”, dijo el dirigente.

En fotos: un recorrido por el segundo sector de la frontera por donde cruzan más centroamericanos

Loading
Cargando galería

Más contenido de tu interés