Tras el nuevo plazo que el mandatario dio al país azteca para controlar el flujo de inmigrantes y drogas hacia Estados Unidos, disminuye la incertidumbre de miles de trabajadores y grandes empresas en las zonas de paso fronterizo.

El presidente dio a México un año para que detenga los inmigrantes y las drogas que viajan rumbo a EEUU, o de lo contrario impondrá aranceles. Expertos señalan que el nuevo plazo anunciado por el mandatario tiene un impacto directo en la economía de los dos países, ya que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos supone altas cifras en materia de empleabilidad y la industria automotriz.

Un reporte de Los Angeles Times y ProPublica advierte que detrás de estas alarmantes estadísticas están las arriesgadas técnicas de conducción a altas velocidades de los agentes migratorios, así como el uso de clavos para pinchar las llantas de los autos que huyen y perseguir a los 'coyotes' hasta en zonas escolares.

El presidente estaba bajo una creciente presión por parte de asesores, empresarios y hasta miembros de su propio partido que le advertían que cerrar la frontera sería problemático económicamente tanto para México como para EEUU.

Ana Morataya, una mujer indocumentada que emigró de El Salvador, fue una de 233 mujeres arrestadas en la empresa CVE Technology Group. Según ella, los precios que algunas personas deberán pagar para salir bajo fianza varían entre 1,500 y 5,000 dólares.

La mujer, que ya fue liberada, es una de las casi 280 personas a las que arrestaron en una fábrica ensambladora de Allen. Las autoridades migratorias le iban a poner una fianza de 2,500 dólares, pero ella dice que la desestimaron porque no había espacio para más gente.