Abogados de inmigración señalan que el gobierno, al no seguir dicho acuerdo, eliminaría los derechos que tienen los menores de ser tratados de una manera humana.

Dicho acuerdo le prohibía a la administración encarcelar a migrantes menores de edad por más de 20 días, además de exigir que se les brindaran cuidados, atenciones y les proporcionaran información sobre abogados para que pudieran defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

El decreto que desde 1997 restringía el tiempo que menores de edad inmigrantes podían estar en centros de detención dejará de aplicarse por decisión de la Casa Blanca que, además, busca implementar una regulación del Departamento de Seguridad Nacional que permite detenerlos sin mayor problema. Organizaciones sociales advierten sobre los efectos negativos de esta polémica medida.

El nombre de Flores, que el gobierno pretende esquivar, deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. Su caso levantó una larga batalla judicial que estableció unas reglas para garantizar los derechos de los menores llegados por la frontera.

La abogada Meredith Brown asegura que esta medida es otro ataque del presidente para tratar de hacer sus propias reglas sobrepasando al Congreso de EEUU. Agrega que con esta idea el mandatario busca disuadir los procesos de asilo para que los inmigrantes tengan que hacer las diligencias desde los centros de detención dificultando el trabajo de los juristas.

El gobernador JB Pritzker firmó este miércoles la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes, una legislación impulsada por la senadora estatal Cristina Castro y apoyada por la representante local Theresa Mah. La medida prohíbe a los arrendatarios presentar una orden de desalojo contra los ocupantes de sus propiedades como represalia por su estatus migratorio.