La abogada Silvia Mintz explica que la administración de Donald Trump no demorará en apelar la decisión, por lo cual la comunidad debe permanecer en alerta, principalmente aquellos que no cuenten con un nivel inglés avanzado, créditos o quienes han necesitado de ayuda financiera.

José Servín, de la Alianza por la Justicia para Jóvenes Inmigrantes, asegura que la medida firmada por el gobernador Newsom previene a estos centros de renovar sus contratos para seguir funcionando. La meta es que a 2028 ya no operen más “cárceles” de este tipo en el estado. Servín aclara cuáles serán los primeros en cerrar y qué pasará con los detenidos.

Los migrantes, la mayoría procedentes de El Salvador, Guatemala, Cuba, Haití, República Democrática del Congo, Angola y Camerún alegan que en Tapachula no tenían las condiciones para permanecer en espera de los documentos que les permitan transitar por México rumbo a Estados Unidos. Por eso, decidieron seguir camino.

Defensores de los derechos de la comunidad inmigrante advierten que aún hay cientos de niños que permanecen viviendo en malas condiciones en centros de detención de diferentes estados del país a la espera de regresar al lado de sus seres queridos y por esto hay que seguir trabajando.

El viernes tres jueces dictaminaron que el servicio de inmigración no puede activar una nueva regla de carga pública, y la semana pasada otra corte federal prohibió la implementación de una norma que activaba deportaciones expeditas a nivel nacional.

José Hernández, un migrante mexicano repatriado hace más de cinco años, dice que cuando se encomendó a esa Virgen en mitad de la nada logró cruzar a Estados Unidos, pero que las veces en que no tuvo fe, todo le salió mal. Él asegura que el día en que alguien quite esa tablilla de donde está, la suerte de los migrantes que crucen por Tijuana se acabará.