Una ley firmada por el gobernador Gavin Newsom establece que desde el 1 de enero se prohíbe establecer contratos con operadores o empresas privadas que se lucran del encarcelamiento de inmigrantes. Sin embargo, el gobierno federal tendría listas las contrataciones para la construcción o ampliación de cuatro centros de detención en San Diego, Calexico, Adelanto y Bakersfield.