El programa Cruzada contra el Hambre y Diconsa, la red de abasto para la entrega de alimentos en comunidades pobres de México, están bajo la lupa debido al supuesto desvío de 70 millones de dólares durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Demandantes y activistas sostienen que la iniciativa, que eliminaría cupones para casi 700,000 beneficiarios, tendría un impacto negativo para los migrantes y que expondría a cientos de miles al hambre, y afectaría la salud y el bienestar de las personas.

El grupo salió con una medida de casa por cárcel mientras sus procesos judiciales continúan. Entre los excarcelados se encuentran 16 opositores que fueron arrestados en noviembre pasado mientras intentaban dar agua a nueve mujeres en huelga de hambre.

Un reporte del periódico USA Today da cuenta de muertes en custodia, violencia sexual, uso rutinario de fuerza física por parte de las autoridades, atención médica deficiente y huelgas de hambre en instalaciones supervisadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Uno de los casos es el de Emerson, quien murió porque su madre no tenía cómo alimentarlo y el pecho que le daba no era suficiente, porque ella también presentaba desnutrición.

Personas que no saben lo que es comer en días son clara muestra de la gravedad de la crisis que golpea especialmente al llamado ‘corredor seco’ del país centroamericano, donde miles mueren de hambre ante el embate de la sequía y la indiferencia de las autoridades.